Una capital infinita y muy desigual

La Ciudad de México es enorme. Es una caótica mancha urbana que parece no tener fin. Su dimensión es tal que ha rebasado la jurisdicción de distintos gobiernos, sus respectivos programas de políticas públicas y el alcance de sus marcos jurídicos. Esto se debe a que esta megalópolis es mucho más que sus dieciséis delegaciones, es además 58 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo. En este océano de asfalto 23 millones de seres humanos conviven día con día, dándole vida a una de las ciudades más vibrantes y dinámicas del mundo. Pero este dinamismo vertiginoso la vuelve más compleja, y a veces conflictiva. La Zona Metropolitana funge como un masivo microcosmos de nuestro peor problema como nación: la disparidad y la pobreza. Salir a las calles es toparse con contrastes que se enfrentan en cada esquina y cada avenida leviatánica: los indigentes comparten las aceras con los profesionistas, los vehículos de lujo se pelean el carril con las carcachas más destartaladas. Las consecuencias de esta convivencia son varias, dotan a nuestra ciudad de una riqueza de identidades enorme pero a su vez trae consigo una inseguridad rapante basada en una infame injusticia. De acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal entre el 50 y el 54% de la población de la ciudad (las 16 delegaciones; con una población aproximada a los 9 millones de habitantes) vive en alguna condición de pobreza. En el informe Estado de las Ciudades del Mundo 2010/2011: Reducir la Brecha Urbana del programa ONU-HABITAT la Ciudad de México se encuentra entre las más dispares del mundo, mostrando un Índice Gini (la medida de desigualdad más ampliamente utilizada) de 0.52. Esto ubica a nuestra capital como una de inequidad “muy alta” a estándares globales y compartiendo el puesto con ciudades como Nairobi, en Kenya, Addis Abeba, en Etiopía y Maseru, en Lesotho. Sin embargo esta no es la única cifra que pone en tela de juicio a nuestra dispar y excluyente metrópoli. En el reporte Índice de Desarrollo Humano Municipal en México el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contrastó el IDH (expectativa de vida al nacer, alfabetización, matrícula en educación básica y capacidad de consumo) de toda la Zona Metropolitana; una de las metodologías para cuantificar y comparar los niveles de desarrollo más utilizadas a nivel global. Los resultados son tan sorprendentes como preocupantes. La Delegación Benito Juárez del Distrito Federal, con un Índice de Desarrollo Humano de 0.9168, se posiciona entre los lugares 21 y 22 mundial, similar a Italia (IDH 0.9200) e Israel (IDH 0.9080). En contraste, la demarcación con el nivel de desarrollo más carente es el municipio de Villa del Carbón en el Estado de México, con un IDH de 0.7280, que lo ubica entre los lugares 101 y 102, similar a los Territorios Palestinos (IDH 0.7260). Juntar niveles de desarrollo de Italia con los de Palestina traerá consigo grandes problemas sociales. El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es otra medida útil. La Delegación Benito Juárez tuvo un PIB per cápita de $32,244 dólares anuales en 2004 con el cual superaba a países como Dinamarca ($30 mil 940 dólares), Suiza ($30 mil 010 dólares) y Japón ($26 mil 940 dólares). Miguel Hidalgo ($22 mil 014 dólares) y Coyoacán ($21 mil 622 dólares) eran comparables con países ricos como Singapur ($24,040 dólares), Nueva Zelanda ($21 mil 740 dólares) y España ($21, mil 460 dólares). Los municipios conurbados de Chiconcuac, Ozumba y Tepetlixpa cuentan con un PIB per cápita anual de $ 2 mil 180, $3 mil 719 y $3 mil 779 dólares respectivamente, esto los ubica con niveles de ingreso similares a los de Indonesia ($3 mil 230 dólares), Nicaragua ($2 mil 470 dólares) y Ghana ($2 mil 130 dólares). Esta medida puede ser engañosa. No quiere decir que todo habitante de la Miguel Hidalgo camine por la calle con más de $22 mil dólares en el bolsillo, pero da una idea general de las colisiones sociales y niveles de disparidad que cohabitan es nuestra capital. El GDF ha llevado una política social record en el país, destinando 40 mil millones de pesos en programas de apoyo educativo, apoyo a adultos mayores y seguro de desempleo. Sin embargo estos programas de asistencia no han bastado. Catorce delegaciones bajaron su IDH de acuerdo al estudio del PNUD anteriormente citado en 2008. Milpa Alta, la delegación menos desarrollada, cayó 343 posiciones. Magdalena Contreras, Iztapalapa y Xochimilco se desplomaron 100. Esto demuestra que los programas sociales, justos y necesarios en todo nivel de gobierno, no alcanzan. Necesitamos un crecimiento económico pujante y sostenible. Mientras tanto nuestra infinita ciudad seguirá siendo un reflejo de un país dispar e injusto.

Más inequidad y metrópoli en La Tragedia:

24 horas para explicar el odio de la exclusión en Francia
Por un DF más humano

De vuelta a la guerra contra el narco

El asesinato del candidato a la gubernatura de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú y la reacción presidencial que le siguió me recordó profundamente a un artículo que escribí a mediados de marzo titulado La guerra contra el narcotráfico: una reflexión. He decidido que ante la coyuntura algunas de esas palabras deben ser rescatadas del olvido. Espero que ayude a nuestra delirante clase política a salir del trance en el que se ha encontrado y sepa cuáles son sus verdaderos enemigos:

El narcotráfico y la delincuencia organizada son un problema real cuya evolución histórica es demasiado compleja para caer en reduccionismos acusatorios. Esta es la postura que ha adaptado la oposición, en particular y muy gravemente la izquierda. Resulta vital que la izquierda promueva una agenda social para hacer frente a la inseguridad, como programas de educación y empleo para jóvenes en zonas dónde se presenten los índices más altos de sicariato. La actual administración es de derecha y ha hecho algo muy acorde con su naturaleza histórica: el uso de la coerción. Es innegable que es necesario el uso de la fuerza para hacer frente al narcotráfico, pero la condena poco propositiva de la oposición (que no quiere “ensuciarse las manos”) condena a esta guerra a una brutal miopía operativa. Parte de vivir en un sistema democrático es que las corrientes ideológicas tienen la libertad de implementar políticas acordes, lo que sumado a la pluralidad debe traducirse en medidas que ataquen los problemas por diferentes flancos. La fuerza de la derecha resulta vital para atender el problema inmediato, los grupos de traficantes violentos que se dedican al homicidio, a la extorsión y el secuestro. Las medidas progresivas y sociales deberían hacerse presentes para dar soluciones al mediano y largo plazo, las políticas de educación, de apoyo para el empleo y las relacionadas a la lucha contra la disparidad y la exclusión. La oposición en México (más allá de la ideología) tiene una cultura de confrontación dogmática con la fuerza política en el poder, lo que está resultando en un manejo monopólico de la agenda pública. Es irresponsable asumir que, en democracia, las fuerzas políticas pueden abstener su involucramiento en los grandes problemas nacionales. Es una práctica nociva y reprobable.

La guerra contra el narcotráfico no puede seguir así. Debemos responsabilizarnos colectivamente con el problema la sociedad, los gobiernos y los partidos políticos para darle solución. Y eso requiere de una conjunción de medidas que le conciernen a todos los actores y a todos los espectros ideológicos. Este es el único país que tenemos, no hay otro. Y debemos responsabilizarnos con él.

Contra la Pena de Muerte

Uno de los temas recurrentes ante la inseguridad es la falsa panacea de la pena de muerte. El Partido Verde Ecologista, que tiene de verde lo que la Exxon Mobil, utilizó la pena de muerte cómo su plataforma de campaña en las pasadas elecciones intermedias. ¿De qué sirve instaurar la pena de muerte en un país en el que, de acuerdo con el CIDAC, la posibilidad de que un presunto autor de un delito llegue ante la autoridad judicial (no que sea condenado) es del 3.3% del total de delitos denunciados (por lo que la impunidad se da en el 96.7% de los casos)? En México sólo se castigan menos del 1% de los delitos cometidos, por lo que delinquir (desde un secuestro con asesinato hasta andar cartereando en el Zócalo) resulta una actividad poco riesgosa y muy redituable. En el Distrito Federal el 93 por ciento de los reclusos fue atrapado en flagrancia, es decir, sin indagación o investigación de por medio. Guillermo Zepeda, analista experto en temas de seguridad en nuestro país, advirtió en 2006 que otorgar a los cuerpos policiacos y al Ministerio Público la atribución para llevar acabo allanamientos era una imprudencia. Me pregunto una vez más ¿sí otorgarle a estas autoridades la atribución para allanar propiedad privada es riesgoso, no lo es más darles la atribución para matar? En vez de perdernos en el morbo deberíamos tomar medidas sensatas, como la creación de una policía investigadora especializada en balística, toxicología, huellas dactilares y ADN forense. La pena de muerte no solucionaría nada. Es una propuesta alarmista que desvía nuestra atención de las medidas que genuinamente impactarían a la delincuencia: la profesionalización de las policías, la instauración de mecanismos de monitoreo anti corrupción, construir mecanismos de inteligencia que permitan prevenir y atestar golpes precisos a las organizaciones delictivas, etcétera. También serviría quitarnos nuestra visión aldeana de la realidad y buscar casos de éxito en el exterior. Y da la casualidad que una nación muy parecida a la nuestra está avanzando: Colombia.

Colombia a diferencia de Venezuela, es un caso a seguir. La nación cafetalera alguna vez asediada por poderosos carteles de traficantes, una narco guerrilla (las FARC) y el secuestro a gran escala es ahora uno de los países más seguros de América Latina. Si buscamos alguna salida del laberinto de la inseguridad, Colombia puede tener muchas repuestas. Entre 1997 y 2002 los secuestros perpetrados por las FARC estaban en aumento (de 440 a 973 respectivamente). Desde 2003 la tendencia cambió y para 2007 aquella cifra había disminuido a 120. Y no sólo cayeron los secuestros de las FARC, también lo hicieron a nivel nacional: para el 2000 raptaron a 3 mil 372 personas en Colombia, para 2007 esa cantidad había disminuido a 521 plagios. Para el año pasado hubo 51 secuestros contra 186 en el 2003. Así Colombia abandonó el primer lugar en secuestros para dejárselo a México y pasar al noveno, Brasil ocupa el quinto y Venezuela el séptimo. Estas mejoras no fueron fortuitas y no se originaron a raíz de instaurar la pena de muerte. Se hizo con cuerpos policíacos eficientes, honestos y operantes. Y se logró con uno de los aciertos más grandes en política criminal reciente: los Grupos de Acción Unificada por la Libertad (GAULA). Creados en 1996 los GAULA son una serie de grupos de elite especializados en secuestro y extorsión. Son expertos en el manejo de armas de fuego, son francotiradores, llevan entrenamientos para redadas tanto en zonas rurales como urbanas, asaltan vehículos en movimiento y pueden realizar operaciones de rescate en cualquier momento del día. Estos escuadrones de élite tienen analistas de inteligencia, técnicos de comunicaciones, y detectives. Es el primer país de América Latina que tiene una escuela especializada en tácticas antisecuestro. Éstas son las medidas que realmente pueden crear una policía preventiva eficaz e investigadora. Tratar de instaurar la pena de muerte en México también nos hace ignorar problemas que tenemos como sociedad y en nuestro sistema político. Nuestras cárceles están sobre pobladas, décadas de un sistema penal burocrático e ineficiente (que además aún es plagado por mucha corrupción) han dejado en la cárcel a personas que han cometido delitos menores y nunca han sido juzgados. La pena de muerte sería una reacción basada en el miedo que no nos permitiría ver el problema completo. Un país injusto con aún mucha disparidad económica, con muchos pendientes de reformas institucionales que llevar a cabo y con un aparato de justicia autoritario e ineficiente (los ministerios públicos, las policías) requiere de un proyecto de reforma completo y visionario. Colombia ha también coordinado su lucha contra la inseguridad con diversos programas sociales, tema que desarrollaré más adelante. Ahora que volteamos al sur volteemos al norte. En 2007 Estados Unidos ejecutó a 42 personas. Estudiosos como John J. Donohue III, un profesor de derecho de Yale, y Justin Wolfers, de la Universidad de Pensilvania, afirman que no existe una correlación directa entre la pena de muerte y la disminución de los homicidios. Además es un tema que no puede planteare a la ligera sin ningún debate profundo de por medio.

La guerra contra el narcotráfico: una reflexión

La última visita del Presidente a Ciudad Juárez debe conducirnos a una reflexión genuina entorno a la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esto requiere escapar a la tiranía de la inmediatez y el sano distanciamiento de los intereses políticos. Ayer el Presidente respondió a las acusaciones de la sociedad civil juarense con un argumento que en un extremo era estadista y en el otro era metafísico: primero recalcaba la necesidad de apegarse a datos duros (haciendo referencia constantemente a los cuantificables homicidios) para luego argumentar que una mejora en la percepción ciudadana ayudaría a estigmatizar a la delincuencia y sus actividades afines, lo que traería resultados a las laceradas calles de Ciudad Juárez. Esto es muy rebatible y para dar la razón al Presidente en la primera parte de su argumento, habría que comprobar si existe correlación alguna entre la percepción ciudadana y la disminución de la tasa de criminalidad. Entiendo absolutamente la defensa política de lo que se ha convertido en la principal prioridad de esta administración pero eso no debe bloquear la posibilidad de enriquecer y mejorar la calidad del debate. El narcotráfico y la delincuencia organizada son un problema real cuya evolución histórica es demasiado compleja para caer en reduccionismos acusatorios. Esta es la postura que ha adaptado la oposición, en particular y muy gravemente la izquierda. Resulta vital que la izquierda promueva una agenda social para hacer frente a la inseguridad, como programas de educación y empleo para jóvenes en zonas dónde se presenten los índices más altos de sicariato. La actual administración es de derecha y ha hecho algo muy acorde con su naturaleza histórica: el uso de la coerción. Es innegable que es necesario el uso de la fuerza para hacer frente al narcotráfico, pero la condena poco propositiva de la oposición (que no quiere “ensuciarse las manos”) condena a esta guerra a una brutal miopía operativa. Parte de vivir en un sistema democrático es que las corrientes ideológicas tienen la libertad de implementar políticas acordes, lo que sumado a la pluralidad debe traducirse en medidas que ataquen los problemas por diferentes flancos. La fuerza de la derecha resulta vital para atender el problema inmediato, los grupos de traficantes violentos que se dedican al homicidio, a la extorsión y el secuestro. Las medidas progresivas y sociales deberían hacerse presentes para dar soluciones al mediano y largo plazo, las políticas de educación, de apoyo para el empleo y las relacionadas a la lucha contra la disparidad y la exclusión. La oposición en México (más allá de la ideología) tiene una cultura de confrontación dogmática con la fuerza política en el poder, lo que está resultando en un manejo monopólico de la agenda pública. Es irresponsable asumir que, en democracia, las fuerzas políticas pueden abstener su involucramiento en los grandes problemas nacionales. Es una práctica nociva y reprobable. Y volviendo a la baja calidad del debate repasemos lo que ayer el presidente no dijo sobre la guerra contra el narcotráfico: 90% de las armas decomisadas al crimen organizado son traficadas desde EEUU ¿Qué se está haciendo? ¿Hay medidas binacionales en curso? ¿Ha aumentado o ha disminuido el flujo? Las policías en México son corruptas, ineficientes, mal pagadas y mal entrenadas ¿Existe un proceso de reforma? ¿A qué se encamina? ¿Se ha considerado la tan debatida posibilidad de instaurar una policía única nacional? Se sabe que la mariguana representa más de la mitad de los ingresos de los cárteles mexicanos y en EEUU ya existe una muy laxa forma de legalización ¿No valdría la pena legalizar –bajo esquemas regulatorios claro está- la mariguana? El Ejército es una institución cuya función es salvaguardar, por todos los medios, la seguridad nacional pero no la pública. Involucrar a las Fuerzas Armadas en este conflicto las expone a la corrupción de los cárteles y las exhibe políticamente, lo que puede resultar riesgoso para la consolidación de nuestra democracia ¿Hay algún plazo para que el Ejército abandone las calles? ¿No podemos fijarnos fechas –gobierno y sociedad- como lo hicieron los gringos para Irak? Esto permitiría plantear escenarios y llevar a cabo evaluaciones más concretas. La guerra contra el narcotráfico no puede seguir así. Debemos responsabilizarnos colectivamente con el problema la sociedad, los gobiernos y los partidos políticos para darle solución. Y eso requiere de una conjunción de medidas que le conciernen a todos los actores y a todos los espectros ideológicos. Este es el único país que tenemos, no hay otro. Y debemos responsabilizarnos con él.

Para ampliar el tan necesitado debate:

Para recuperar Juárez
Una visión cruda de la guerra contra el narcotráfico
Narco S.A.
La muerte de Beltrán Leyva
Portugal: una esperanza en la insensatez de la prohibición
¿Y si legalizásemos las drogas?

Narco S.A.

La muerte de Beltrán Leyva a finales del 2009 marcó una victoria en la guerra contra el narcotráfico, pero fue un triunfo con un tinte amargo. Y aquella característica es inherente a la prohibición de las drogas: capo que cae pronto será reemplazado y tarde o temprano, tras violentas purgas al interior de las mafias, se definirán nuevas líneas de mando. El problema reside en encontrar soluciones a la larga y por ello desde este foro he externado la necesidad de legalizar –bajo una estricta regulación- el mercado de las drogas por ahora ilícitas (ver artículos 1, 2 y 3). En los últimos tres años 15 mil vidas se han perdido en esta guerra y la violencia no parece ceder. El problema es que el belicismo a raja tabla de la prohibición ignora por completo la naturaleza de los cárteles de la droga, desde su capacidad organizativa hasta sus particularidades como negocio. Para atestar golpes más efectivos debemos comprender a las mafias de narcotraficantes como empresas más que como organizaciones delictivas de enorme poder. La primera gran omisión que fortaleció a los cárteles mexicanos fue la absoluta ignorancia de la adaptabilidad del sector y de su capacidad para establecer rutas de contrabando con nuevos agentes. En la década de los ochenta y principios de los noventa la mayoría de la cocaína arribaba a Estados Unidos por el caribe, entrando por Florida. El cierre de esa ruta desplazo el tráfico hacia México: el actual tercer aliado comercial de la potencia norteamericana, con una población de más de cien millones de habitantes y con quién comparte más de dos mil kilómetros de frontera ¿Resulta conveniente cerrar la ruta del caribe para desestabilizar a nuestro país cuyo peso regional es innegablemente superior? En este periodo los cárteles mexicanos pasaron de intermediarios a protagonistas en el tráfico de drogas regional: en 1991 50% de la cocaína de EEUU entraba desde México, para 2004 el 90%. El Plan Colombia fue otra medida que no previó las implicaciones regionales de la guerra contra las drogas. El desmembramiento del Cártel de Cali y el de Medellín creó grupúsculos de traficantes que fortalecieron a sus contrapartes mexicanas más poderosas y mejor organizadas. Los cárteles colombianos dependen de la cocaína, los narcotraficantes mexicanos producen metanfetaminas, heroína y mariguana por lo que su mercado está mucho más diversificado. Geográficamente los precios de los productos aumentan según se aproximan a su destino final: un kilo de cocaína en Colombia cuesta $1,200 dólares, en Panamá $2,300, en México $8,300 y en EEUU según la distancia con México puede costar entre $15 mil y $80 mil dólares. Por ello siempre habrá agentes en la cadena de tráfico, los que mueran o sean arrestados son reemplazados. Entre el 50 y el 65% de los ingresos netos de las mafias mexicanas provienen de la mariguana, una droga que prácticamente se encuentra legalizada en EEUU bajo un esquema muy flexible de uso medicinal y que ha posicionado a nuestro vecino del norte como el primer productor mundial. Legalizar la mariguana sumada a una mayor apertura a la ruta del caribe lograría mermar significativamente los masivos márgenes de ganancia del narcotráfico en México. Además acabaría con el control que estas organizaciones ejercen sobre la mariguana que producen domésticamente, lo que asegura un abasto más continuo y genera ganancias que no representa costos con otras mafias. De acuerdo al Wall Street Journal en un operativo en la Ciudad de México se encontró un desglose de las ganancias de un cartel: el kilogramo de cocaína lo compran a sus contrapartes colombianos por $3,500 dólares, se vende en México en $8,200 dólares y la ganancia neta del cártel era de $18 millones. Hasta que nuestras autoridades no conciban al narco como negocio esta guerra continuará encaminada hacia el fracaso.

Por un DF más humano

Para cualquier habitante que vive día con día en las calles del Distrito Federal esta afirmación no lo sorprenderá: nuestra capital es una ciudad profundamente violenta. Y no lo es sólo por los índices de inseguridad, lo es también por su distribución espacial y su planeación urbana. Cada mañana y cada tarde millones de automóviles llenan nuestras gigantes avenidas para escenificar una batalla campal que haría palidecer al avance soviético sobre Alemania en 1945. La pelea por el espacio (un bien local muy escaso) se ha perpetuado entre estos monstruos mecánicos que han acabado con la vida peatonal en la ciudad. Pero el enfrentamiento no se queda ahí, la arquitectura chilanga es tan polarizada que ha convertido a nuestros barrios y edificios en otra forma de confrontación. Los barrios más acaudalados se enfrentan con su simple existencia a sus vecinos pauperizados, los corporativos se levantan prepotentemente ante los barrios marginales que parecen no tener fin. El agua, su abasto y acceso, es otra faceta violenta de la vida diaria en el DF en donde los pobres pagan más en pipas privadas que compensan lo que nuestras instituciones gubernamentales no les logran facilitar. Recientemente y con un afán que parece derrotista el GDF instaló ocho mil cámaras de seguridad, lo que facilitará el registro en video de nuestra violenta ciudad. De acuerdo al Banco Mundial en la Ciudad de México conviven niveles de consumo de Madrid con pobreza del Caribe; sobra explicar que este es otro factor de exclusión y de agresión. Las ciudades amuralladas, los guardaespaldas y las bardas electrificadas se han propagado como un cáncer incurable, asumiendo y aceptando aquél enfrentamiento para el que no encontraremos otra solución. El gobierno además de la presencia orwelliana del circuito cerrado ha aplicado una política de Cero Tolerancia que ha llevado a expropiaciones arbitrarias y a la desaparición de elementos “indeseables” de nuestra ciudad (ir al artículo Fascismo). La disparidad y la exclusión son las causas de raíz de esta violencia, pero eso no debería impedirnos tomar medidas paliativas que mejoren esta situación al corto plazo. Debemos recuperar el espacio público como un punto de encuentro, dónde podamos edificar los lugares comunes que implica la convivencia ciudadana en democracia. Y para ello debemos pensar en un DF más humano en el que los espacios comunes hagan frente a la innegable disparidad y que mermen este status quo que favorece la exclusión y la negación sobre la convivencia (que conlleva a afrontar nuestros problemas sociales de forma colectiva). Un Distrito Federal hecho para ciudadanos debe atacar a nuestra peor adicción: el automóvil. DF creció por su cuenta sin ninguna planeación de por medio. En los 80 el norte y el sur de la ciudad estaba separada por 20 kilómetros de distancia, ahora son 60. Trasladarse una distancia considerable toma entre dos y tres horas en promedio. Esto es producto de un desarrollo de vialidades que se ha basado en la desquiciada idea de que la infraestructura puede mantenerse a la par de la demanda de los coches, lo que es falaz e inútil. En la inmensidad de nuestra capital ya existen espacios como éstos, el Bosque de Tlalpan y de Chapultepec son un ejemplo. En cuanto a las autoridades capitalinas su postura ha sido buena y nefasta a la vez: la recuperación del primer sector del Centro Histórico y la conversión de Madero en una calle peatonal han sido medidas muy positivas. La red de metrobus y el tren suburbano son otras. Pero chocan con el segundo piso periférico sur, una obra faraónica (hecha para y por un candidato que ambiciona como nadie la presidencia del país) que privilegia al ya predominante automóvil, aislándonos de los demás ciudadanos con los que cohabitamos esta metrópoli y pauperizando más nuestra intangible pero vital calidad de vida. Ahora el GDF y el gobierno del Estado de México piensan ampliar este monstruo para que cruce la ciudad de norte a sur. Bernardo Baranda director general del Instituto para el Transporte y el Desarrollo de Políticas (ITDP) alguna vez dijo que medidas como ésta “es como tratar de atender el problema de la obesidad comprando ropa más holgada”. Sin lugar a duda los segundos pisos impactan y posicionan a posibles candidatos pero vuelven más agresiva a esta violenta ciudad. DF puede ser más humano convirtiéndose en un espacio colectivo que nos vuelva cómplices del destino común que compartimos. Y para ello hay que privilegiar las áreas verdes, las zonas peatonales, los parques y el transporte colectivo.

Para aunar más:
El potencial de la marginalidad urbana del siglo XXI
Para los habitantes de una ciudad máxima

Manda Bala: secuestros, políticos y ranas

Abandonemos Copenhague para concentrarnos unos momentos en una de las formas más lacerantes de delincuencia en las naciones latinoamericanas, el secuestro. En México el secuestro ha forzado a varias familias al exilio o a alguna pérdida irreparable. Nuestra clase política, que distingue por su mezquindad y dogmatismo, ha utilizado el tema como un factor de polarización, restando al secuestro la complejidad de sus implicaciones y a la amplísima gama de sectores que afecta. Pero la clase política mexicana no merece por ahora nuestra atención y creo que sería mejor hablar de un gran documental que explora con enorme lucidez el tema del secuestro en Brasil: Manda Bala de Jason Kohn. Este documental aborda el secuestro con un humor negro punzante, ligando a esta forma delincuencia con los elementos del realismo mágico que sólo se pudieron engendrar en esta región del planeta. El secuestro en Brasil, al igual que en México, se ha ramificado a una serie de rituales propios y hasta una industria lícita ligada a esta actividad. Con esto Kohn logra ligarnos el problema del secuestro en el gigante carioca con los políticos corruptos, las cirugías reconstructivas, la moda, la informática y hasta con ranas. Manda Bala nos retrata un Brasil kitsch, con colores vivos y deslumbrantes, con aquella arquitectura innovadora que choca con la decadente, de la misma forma que lo hacen la pobreza y la riqueza en nuestras grandes capitales día con día. El mérito más grande del documental es que nos demuestra esta complejidad que mi clase política se ha esforzado por negar y disminuir. La cultura de la corrupción, una de nuestras peores patologías colectivas, trae consigo una cadena determinista de eventos que desencadenan en otros, un efecto domino que culmina cuando los secuestradores están mutilando a una de sus víctimas (material que Kohn no se guarda, por lo que hay que tener cierta mala leche). De ahí nos demuestra la industria de reparación de daños que emana del secuestro, que alcanza su punto más surreal cuando muestra a un cirujano plástico cuya especialidad es la reconstrucción de orejas con cartílago de costilla. En el inter el director explora otros elementos de este Macondo real y mágico pero también decadente y lúgubre en el que se ha convertido el Brasil del secuestro. En un punto visita un sastre que ha capitalizado de la inseguridad vendiendo ropa casual blindada, desde sacos hasta faldas. Es una exploración necesaria y requerida del secuestro, que brilla con aquél humor negro que ayuda a sobrellevar nuestra insegura realidad. Pero más que nada demuestra que el secuestro no es un ridículo enfrentamiento de clases, es una consecuencia de una enorme cantidad de detonantes en el que hay muchas más víctimas que victimarios.

Les anexo una entrevista al director Jason Kohn en el festival de Sundance, donde Manda Bala ganó el premio del jurado a mejor documental y a mejor fotografía:

¿Y si legalizásemos las drogas?

La ONU ha estimado que el narco genera unos $320 mil millones de dólares anuales a nivel mundial. En Europa los decomisos de cocaína se sextuplicaron en 2006 en comparación con 1995. A pesar de estos golpes el precio del producto ha bajado, lo que ha llevado a las autoridades mundiales a interpretar que el abasto ha aumentado. Tres cuartas partes de los operativos se han realizado en España y Portugal, dos puertas de entrada históricas al tráfico de drogas en el viejo continente. Pero si una ruta es interceptada por los gobiernos, otras se abren sin problema. Veintidós por ciento de la cocaína que entró a Europa en 2007 venía de África, en 2004 era cinco por ciento. Para Febrero de este año las autoridades de la UE externaron su preocupación por la apertura de rutas de tráfico en la región de los Balcanes. En los 80 la mayoría de la cocaína destinada a Estados Unidos salía de Colombia vía el Caribe. Al cerrarse esa ruta se establecieron las alianzas entre los cárteles mexicanos y colombianos para utilizar nuestro país como enlace entre ellos y el mercado estadounidense. La producción de opio se ha desplazado en los últimos años de Turquía y Tailandia hacia Myanmar y Afganistán. En la actualidad el tráfico en esta nación ha sido factor clave para sostener financieramente a los talibanes y a células de Al-Qaeda que han estado al borde de acabar con el gobierno en Pakistán. El narco puede ser un peligroso actor en regiones amenazadas por conflictos civiles y pobreza como el Medio Oriente. Puede quebrantar el orden civil, financiar conflictos armados y en varias ocasiones reemplazar a los aparatos gubernamentales. En Latinoamérica, los cárteles han ampliado su influencia sobre la región andina, dónde Bolivia y Perú se han convertido en importantes productores. Las naciones centroamericanas se han visto amenazadas por la incursión de nuestras mafias en sus territorios, principalmente las perpetradas por Los Zetas. El narco se ha convertido en un aparato ilegal transnacional, con una capacidad operativa apabullante sumada a una enorme disposición de recursos.

Este 2009 se cumplen 100 años de la prohibición contra las drogas y el resultado no es nada alentador. De acuerdo al World Drug Report 2008 la producción de cocaína se ha mantenido estable en Bolivia, Colombia y Perú. Aunque la producción se haya mantenido estable la siembra de coca aumentó 16% con respecto a años anteriores, Colombia presentó un crecimiento mayor con un 27%. La producción de opio y sus derivados se duplicó entre 2005 y 2007 alcanzando 8 mil 870 toneladas, el 92% producido en Afganistán. La producción de mariguana disminuyó ligeramente entre 2005 y 2007 al pasar de 42 mil a 41 mil 400 toneladas. La aceptación general a su consumo se ha mantenido estable en un 3.9% entre 2005 y 2007. Las drogas sintéticas como la metanfetamina y el éxtasis alcanzaron una producción de 449 toneladas. Valdría la pena mencionar que una droga legal, el tabaco, mata a 5 millones de personas al año mientras que las drogas ilegales a unas 200 mil. Veinticinco por ciento de la población adulta mundial es adicta a esta droga cuyo mercado está regulado legalmente. La cantidad de consumidores de entre 15 y 64 años de edad se ha mantenido estable en los últimos cuatro años. Son 208 millones de personas (4.9% del total global) que han usado drogas durante los últimos 12 meses. De ese total se calcula que sólo 0.6% tienen problemas de adicción. Con la excepción de las drogas sintéticas, todos los otros mercados han experimentado algún aumento en el total de consumidores. De 2005 a 2007 el consumo de mariguana aumentó de 3.8 a 3.9 por ciento, el de cocaína de .34 a .37 por ciento y el de heroína de .27 a .28 por ciento. El uso de metanfetaminas cayó de .60 a .58 por ciento. Estas cifras se han presentado en un contexto en el que los decomisos han aumentado de manera constante.

En 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas puso como meta que se eliminara o se redujera significativamente la producción de cocaína, mariguana y opio para 2008. Las cifras reflejan el fracaso de este compromiso. Además es un compromiso muy fácil de asumir pero finalmente es ficticio e irresponsable. La prohibición ignora totalmente cómo opera el mercado de las drogas. Primero se puede adaptar rápidamente a cualquier interrupción en la producción y el tráfico, como ha ocurrido en el surgimiento constante de nuevas rutas. La producción de los diferentes estupefacientes se ha mantenido estable o ha aumentado, armando a poderosas mafias en el proceso. El comportamiento del mercado parece indicar que el precio de las drogas es determinado por los costos del tráfico y la distribución por encima de los de la producción. Fumigar plantíos a gran escala merma el grueso de la producción pero aumenta el precio del total restante. Los decomisos y la destrucción de parte de la producción han ido en detrimento de la pureza de las drogas, en particular la de la cocaína. Con ello se vuelven más dañinas para los consumidores. La prohibición no logra responder a la versatilidad del narcotráfico, si se logra tumbar la producción de opio en Tailandia simplemente se desplaza a Afganistán y si se cierra la ruta del Caribe el tráfico se va por México. Y los costos de la prohibición –humanos y económicos- rebasan con creces los beneficios. Estados Unidos gasta $40 mil millones de dólares al año en atacar la oferta, arresta a 1.5 millones de consumidores al año encarcelando a la mitad. En México la guerra contra los grandes cárteles ha dejado de saldo más de 6 mil muertos y ha consolidado un mercado de consumo interno. La prohibición además ignora totalmente los problemas sociales de las adicciones, como el rompimiento de familias y la propagación del VIH. Además es capaz de derrocar a gobiernos en los países productores, contribuyendo como un actor protagónico a la inestabilidad global.

La medida más sensata sería la legalización de todas las drogas. Así se podría asumir el problema desde otra dimensión, el de la salud pública. Ayudaría a discernir al consumidor del traficante, invirtiendo masivamente en programas de rehabilitación y educación. Los gobiernos podrían capitalizar la legalización gravando los diferentes estupefacientes y con ello podrían guiar a los consumidores a optar por drogas menos dañinas (la mariguana sería más accesible que las metanfetaminas por ejemplo). Castigar a los consumidores no ha tenido impacto alguno en el consumo, los países más rígidos sobre el tema se drogan más. Muestra de ello es el aumento en consumo de estupefacientes sintéticos en Asia. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud en 177 países no encontró ninguna relación entre las leyes más estrictas y el consumo. La legalización por ende aumentaría el consumo, pero de una forma regulada en la que se podrán tratar a los adictos y atender consecuencias sociales como la propagación de enfermedades y la prostitución. Bajo este estatus quo los hijos de un adicto son inexistentes a los ojos de las autoridades y de la sociedad.