De vuelta a la guerra contra el narco

El asesinato del candidato a la gubernatura de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú y la reacción presidencial que le siguió me recordó profundamente a un artículo que escribí a mediados de marzo titulado La guerra contra el narcotráfico: una reflexión. He decidido que ante la coyuntura algunas de esas palabras deben ser rescatadas del olvido. Espero que ayude a nuestra delirante clase política a salir del trance en el que se ha encontrado y sepa cuáles son sus verdaderos enemigos:

El narcotráfico y la delincuencia organizada son un problema real cuya evolución histórica es demasiado compleja para caer en reduccionismos acusatorios. Esta es la postura que ha adaptado la oposición, en particular y muy gravemente la izquierda. Resulta vital que la izquierda promueva una agenda social para hacer frente a la inseguridad, como programas de educación y empleo para jóvenes en zonas dónde se presenten los índices más altos de sicariato. La actual administración es de derecha y ha hecho algo muy acorde con su naturaleza histórica: el uso de la coerción. Es innegable que es necesario el uso de la fuerza para hacer frente al narcotráfico, pero la condena poco propositiva de la oposición (que no quiere “ensuciarse las manos”) condena a esta guerra a una brutal miopía operativa. Parte de vivir en un sistema democrático es que las corrientes ideológicas tienen la libertad de implementar políticas acordes, lo que sumado a la pluralidad debe traducirse en medidas que ataquen los problemas por diferentes flancos. La fuerza de la derecha resulta vital para atender el problema inmediato, los grupos de traficantes violentos que se dedican al homicidio, a la extorsión y el secuestro. Las medidas progresivas y sociales deberían hacerse presentes para dar soluciones al mediano y largo plazo, las políticas de educación, de apoyo para el empleo y las relacionadas a la lucha contra la disparidad y la exclusión. La oposición en México (más allá de la ideología) tiene una cultura de confrontación dogmática con la fuerza política en el poder, lo que está resultando en un manejo monopólico de la agenda pública. Es irresponsable asumir que, en democracia, las fuerzas políticas pueden abstener su involucramiento en los grandes problemas nacionales. Es una práctica nociva y reprobable.

La guerra contra el narcotráfico no puede seguir así. Debemos responsabilizarnos colectivamente con el problema la sociedad, los gobiernos y los partidos políticos para darle solución. Y eso requiere de una conjunción de medidas que le conciernen a todos los actores y a todos los espectros ideológicos. Este es el único país que tenemos, no hay otro. Y debemos responsabilizarnos con él.

Contra la dogmática prohibición

Ninguna droga, ni siquiera el alcohol, es causa de los padecimientos fundamentales de la sociedad. Si queremos en encontrar el origen de nuestros problemas, no deberíamos examinar a la gente por drogas, deberíamos hacerlo por estupidez, ignorancia, avaricia o idolatría del poder.- P.J. O'Rourke

Hagamos una pausa de la muy necesitada distracción mundialista para volver a la crudeza del México contemporáneo. La guerra contra el narcotráfico ha continuado, con su ya rutinaria brutalidad y violencia desbordada. Las palabras de O´Rourke, afamado analista político y autor norteamericano, resultan enormemente lúcidas. Este enfrentamiento entre el gobierno federal y los grandes cárteles de la droga en México no persigue un fin claro, es una guerra condenada a la falta absoluta de un epílogo. Los 101 años de prohibición han fracasado para instaurar una forma de delincuencia globalizada cuyo poder amenaza a Estados en varios puntos del planeta, México es sólo una nación más de la larga lista que integran Jamaica, Pakistán, Perú, Afganistán y Colombia. La regulación de todas las drogas ilícitas se vislumbra como la única solución viable y sostenible al problema del narcotráfico, un sector que amparado en la ilegalidad obtiene ganancias masivas y aglomera un vasto poder coercitivo. La prohibición, y la insensata guerra que la acompaña, no es sólo inviable sino que también es muy costosa: estudios de RAND Corporation han demostrado que por cada $7.3 dólares que se invierten en organizaciones policiacas en la lucha contra las drogas se reduce la misma cantidad de cocaína que con un dólar invertido en tratamiento. Por cada $10.8 dólares destinados a seguridad fronteriza se mantiene la misma correlación. La ilegalidad infla artificialmente el precio del producto, a grado tal que la ONU estima que deberían decomisarse tres cuartas partes de toda la producción global de drogas para alcanzar un impacto significativo sobre las ganancias de los cárteles. Se estima que sólo un 40% de la producción total de cocaína es decomisada cada año. El modelo de erradicación ha tenido éxito en ciertos países pero a expensas de otros. En Colombia los suelos dedicados a la siembra de coca han caído en un 60%, en ese mismo periodo la producción se desplazó a Bolivia y Perú, aumentando en un 42 y un 55% respectivamente. Pero además, al igual que los decomisos, las cifras de erradicación resultan muy engañosas. La falta de tierras para cultivo ha sido compensada con avances en la productividad, prueba de ello es que Naciones Unidas ha estimado que la producción global de cocaína ha aumentado 10% con respecto a 2005. El narcotráfico a diferencia del modelo de la prohibición, es un sector muy pujante en lo que respecta a la innovación. Por ello la producción de tachas ha aumentado en México a pesar de que las autoridades trataron de cortar su suministro de insumos prohibiendo la importación de MDMA de Asia. Los cárteles han encontrado la forma de producir estos insumos a escala nacional utilizando químicos relacionados con la perfumería. Las palabras de O´Rourke no pueden ser más ciertas. La prohibición se relaciona más con la idolatría al poder, el dogmatismo y la ignorancia que con las sustancias prohibidas que aspira ilusoriamente erradicar.

Para aunar más: California por la legalización

Cambios

Nuestra clase política brilla por su ineptitud. El dogmatismo, la corrupción y el nacionalismo más cínico son sólo algunas palabras que describen a las altas esferas de nuestros partidos, que parecen testigos mudos a un país asediado por la violencia, los monopolios y la desigualdad. Uno de los principales problemas es que la clase política ejerce un control monopólico sobre su propio ámbito y lo ha manifestado rechazando las candidaturas ciudadanas independientes. Por ello no trastocan los intereses monopólicos ya que ello requeriría de un ejercicio de autocrítica que no están dispuestos a ejercer (además de la obviedad de que cada agrupación política está coludida con algún monopolio ya sea público o privado, sin excepción alguna). Ante esta situación a veces me resulta sorprendente conocer a personas lo suficientemente ilusas y dogmáticas para creer que la soluciones saldrán de la cantera política, en forma de caciques que evocan a nuestra naturaleza autoritaria y corporativista. Mientras tanto el país se rezaga y la mayoría parece estar cegada de las soluciones reales que mejorarían la situación al largo plazo. Para los que tengan afán reproductivo (cuentan con toda mi admiración…) parece no preocuparles el país que le heredaremos a las generaciones venideras, para cuando nos recuerden como aquellos imbéciles delirantes que les impusieron una tiranía transgeneracional. Esta desvinculación absoluta también se basa en nuestra falta total de concepto de ciudadanía: no somos mexicanos somos estratos (“naco” o “la gente”, “gente bien” o “güero”, los hay para todos los niveles de negación y delirio) o miembros adscritos a alguna corporación (electricista, petrolero, maestro, burócrata, empresario). Con estas concepciones no nos damos cuenta del destino común que compartimos y negamos las similitudes que abruman a las diferencias. El panorama es desalentador: la pérdida de capital humano por la migración es incalculable, expulsando a los mexicanos jóvenes que deberían ayudar al país a salir adelante; estamos dilapidando nuestro capital ambiental (ya hemos perdido el 95% de los bosques tropicales y ni siquiera hemos llevado a cabo un censo de nuestros acuíferos); la economía no es libre y está restringida a los intereses de un sector paraestatal del viejo régimen y un empresariado autoritario; las izquierdas y las derechas son nacionalistas e inoperantes; no nos estamos preparando para una inminente revolución energética y los que predican que el petróleo es nuestra identidad nacional mienten rozando en lo criminal; los únicos sectores que ofrecen sobresalir son la economía informal, la delincuencia organizada y el narcotráfico. Esta lista podría continuar. Y estas palabras desesperadas son para proponer un muy necesitado cambio: debemos quitarnos de encima la pesada carga del nacionalismo y el paternalismo, tener una conciencia ciudadana liberal que priorice el individuo sobre la corporación, ha llegado la hora de entender que lo público no es monopolio de la clase política y si queremos acabar con otros entes similares éste debe ser el primero en ser sometido a un proceso de apertura. Las soluciones globales a problemas nacionales no saldrán de caciques o del manejo unilateral de la agenda, lo harán del amplio debate y de la cogobernanza de representantes y representados. De no lograr estos cambios el futuro de México se vislumbra muy sombrío. Y lo que resulta más deprimente es que la factura se la pasaremos a los mexicanos que aún no están aquí.

Una buena noticia para Juárez

En un país como México es muy necesario encontrar lo positivo en lo sutil, en aquellos logros que se nublan y llegan a perderse en aquél inmenso océano de desesperación del narcotráfico, la disparidad, los monopolios y otra infinidad de infamias. En un artículo anterior titulado Para recuperar Juárez hablaba de la importancia de mantener una presencia coercitiva en la capital de Chihuahua pero coordinada con programas sociales que generen mejores condiciones para su olvidada juventud. Sólo así rescataremos a Juárez y a sus jóvenes de las alternativas monopólicas del sicariato y la delincuencia. Ciudad Juárez es una metrópoli fronteriza cuya maldición y salvación es colindar directamente con la gran potencia de occidente: Estados Unidos. Y esta dualidad se refleja en la economía de esta lacerada y violenta capital: el sector manufacturero, con 300 parques industriales, representa aproximadamente el 45% del Producto Interno Bruto (PIB) de todo el estado. Esto convirtió al lugar en una centro urbano cosmopolita y pujante, un punto de encuentro de dos grandes y muy diferentes naciones. Cuando la economía norteamericana colapsó en 2009 ochenta y dos maquiladores entraron en paro (25 por ciento de las 330 existentes) lo que afectó a más de 35 mil empleos directos del sector. A finales del 2009 el INEGI reportó 3.5 millones de personas desempleadas, de las cuales aproximadamente 2 millones eran jóvenes. La bendición de la cercanía al imperio se había convertido de pronto en condena. A esto se suma el tráfico de cantidades masivas de enervantes hacia El Paso, Texas. Según la DEA unas 506 pandillas operan en la ciudad entre la que destacan Los Aztecas, responsables del asesinato de 16 estudiantes y de un funcionario del consulado gringo. Los Cárteles han aprovechado la existencia de esta base criminal para convertir a Ciudad Juárez en una de las plazas de tráfico más importantes en nuestro país. A esto se suma que el estado de Chihuahua es un punto de paso para el comercio a Sonora, Sinaloa, Durango y Coahuila lo que facilita el contrabando ilegal. Por ello el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDAC) considera a la capital de Chihuahua como el punto de tráfico más importante para los Cárteles de nuestro país. De este alud de malas noticias y retos hoy se publicó una muy buena noticia. Las exportaciones Mexicanas a EEUU se incrementaron 32.6%, señal de la recuperación de la economía gringa. Esto representa para un centro maquilador como Juárez una gran noticia. Pero debe llevarnos a prever cuando la situación empeore. En 2006 el comercio de México con Estados Unidos representó casi del 90% de las exportaciones y el 55% de las importaciones. Nuestra economía se encuentra demasiado ligada a la de EEUU, lo que nos pone en una situación de extrema vulnerabilidad considerando el poder de los cárteles de traficantes mexicanos y la violencia ligada a éstos. Parte de una estrategia integral contra el narcotráfico debería considerar la diversificación de nuestro comercio, lo que nos blindaría de los embates de las desaceleraciones económicas recurrentes. Sentaría las bases para un crecimiento robusto y constante que impacte la infame exclusión y disparidad que aquejan a nuestro país. Hoy hubo buenas noticias para Juárez y todos nuestros estados fronterizos. Pero eso no debe negarnos la posibilidad de planificar a futuro.

California por la legalización

La guerra contra el narcotráfico ha continuado y la situación no parece mejorar. En los primeros 34 días del 2010 se alcanzaron las primeras mil muertes relacionadas a esta industria, en 2009 tomó 51 días alcanzar esta cifra. El gobierno se ha escudado en la inmediatez, argumentando que esta escalada de la violencia ha alcanzado un pico y que sus detonantes se deben a los logros de la guerra contra el crimen organizado, como la muerte de Arturo Beltrán Leyva a manos de efectivos de la Marina en diciembre del año pasado. El segundo argumento parece lúcido, la reconfiguración de las líneas de mando tras la muerte de un capo ha sido un escenario probado por la historia del narcotráfico en México. El primero puede responderse con una réplica que Jorge Luis Borges hizo sobre su país natal Argentina: ¿el fondo tiene fin? O para este caso, y parafraseando al maestro de la metafísica literaria, ¿el pico de muertes en verdad representa un límite? En este sentido lo declarado por “El Mayo” Zambada, uno de los capos del Cártel de Sinaloa, a Julio Scherer resulta preocupante: “El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí” (Proceso, 3 de abril de 2010). Todo apunta a que estamos encausados en una guerra sin victoria posible, un ciclo infinito de renovación de cuadros de las mafias fundamentado en la exclusión y el desgastado y fracasado modelo de la prohibición. Estados Unidos ha invertido más de $25 mil millones de dólares en nuestra región en los últimos 15 años a esfuerzos de erradicación, sin embargo el precio neto de la cocaína y la heroína ha bajado mientras ha aumentado su pureza, prueba irrefutable del aumento en la producción y trasiego del narcotráfico. A esto se suman problemas que no se debaten en los medios masivos de comunicación, como la degradación del medio ambiente ligada al narcotráfico y los esfuerzos de erradicación. Por ejemplo los programas de erradicación en Colombia esponsoreados por EEUU han contribuido a la pérdida de 1.75 millones de hectáreas de bosque tropical en la nación cafetalera. Las drogas deben legalizarse bajo esquemas regulatorios, no existe otra alternativa. Y aunque las medidas para la legalización se sientan distantes el estado de California nos está mandando buenas noticias. Activistas lograron recabar 694,248 firmas (de 433,971 requeridas) para votar la legalización de la mariguana en ese estado para noviembre. Bajo la propuesta los ciudadanos mayores de 21 años podrían portar 28.5 gramos de mariguana para consumo personal, llevando a otro nivel la medida que permitió el uso medicinal del enervante en 1996. Tras la reforma californiana 13 estados y el distrito de Columbia ajustaron sus marcos regulatorios en este sentido, convirtiendo a EEUU en el primer productor de mariguana mundial (con California encabezando la producción doméstica). Una encuesta realizada en el estado en abril del 2009 mostró que 56% de los encuestados estaban a favor de la legalización. Además la medida se da en un momento de profunda dificultad para el fisco californiano que enfrenta un déficit de $20mil millones de dólares. La legalización traería consigo mil millones de dólares en entradas por impuestos, mientras que reduciría el costo de procesar y encarcelar a consumidores que no son delincuentes. Lo que resulta aún más importante es que este escenario se asemeja mucho a la finalización de la prohibición del alcohol en la década de los 30, cuando en un entorno de crisis económica los estados comenzaron a tomar el camino de la regularización. La mariguana podría seguir el mismo sendero. Y al tomar en cuenta que más de la mitad de los ingresos de los capos mexicanos vienen exclusivamente de la mariguana las noticias provenientes de california no podrían ser mejores. Le podrían cambiar el rostro a una guerra que, por ahora, no parece tener fondo ni parece tener fin.

Para ampliar el necesitado debate:

La guerra contra el narcotráfico: una reflexión

Contra la Pena de Muerte

Uno de los temas recurrentes ante la inseguridad es la falsa panacea de la pena de muerte. El Partido Verde Ecologista, que tiene de verde lo que la Exxon Mobil, utilizó la pena de muerte cómo su plataforma de campaña en las pasadas elecciones intermedias. ¿De qué sirve instaurar la pena de muerte en un país en el que, de acuerdo con el CIDAC, la posibilidad de que un presunto autor de un delito llegue ante la autoridad judicial (no que sea condenado) es del 3.3% del total de delitos denunciados (por lo que la impunidad se da en el 96.7% de los casos)? En México sólo se castigan menos del 1% de los delitos cometidos, por lo que delinquir (desde un secuestro con asesinato hasta andar cartereando en el Zócalo) resulta una actividad poco riesgosa y muy redituable. En el Distrito Federal el 93 por ciento de los reclusos fue atrapado en flagrancia, es decir, sin indagación o investigación de por medio. Guillermo Zepeda, analista experto en temas de seguridad en nuestro país, advirtió en 2006 que otorgar a los cuerpos policiacos y al Ministerio Público la atribución para llevar acabo allanamientos era una imprudencia. Me pregunto una vez más ¿sí otorgarle a estas autoridades la atribución para allanar propiedad privada es riesgoso, no lo es más darles la atribución para matar? En vez de perdernos en el morbo deberíamos tomar medidas sensatas, como la creación de una policía investigadora especializada en balística, toxicología, huellas dactilares y ADN forense. La pena de muerte no solucionaría nada. Es una propuesta alarmista que desvía nuestra atención de las medidas que genuinamente impactarían a la delincuencia: la profesionalización de las policías, la instauración de mecanismos de monitoreo anti corrupción, construir mecanismos de inteligencia que permitan prevenir y atestar golpes precisos a las organizaciones delictivas, etcétera. También serviría quitarnos nuestra visión aldeana de la realidad y buscar casos de éxito en el exterior. Y da la casualidad que una nación muy parecida a la nuestra está avanzando: Colombia.

Colombia a diferencia de Venezuela, es un caso a seguir. La nación cafetalera alguna vez asediada por poderosos carteles de traficantes, una narco guerrilla (las FARC) y el secuestro a gran escala es ahora uno de los países más seguros de América Latina. Si buscamos alguna salida del laberinto de la inseguridad, Colombia puede tener muchas repuestas. Entre 1997 y 2002 los secuestros perpetrados por las FARC estaban en aumento (de 440 a 973 respectivamente). Desde 2003 la tendencia cambió y para 2007 aquella cifra había disminuido a 120. Y no sólo cayeron los secuestros de las FARC, también lo hicieron a nivel nacional: para el 2000 raptaron a 3 mil 372 personas en Colombia, para 2007 esa cantidad había disminuido a 521 plagios. Para el año pasado hubo 51 secuestros contra 186 en el 2003. Así Colombia abandonó el primer lugar en secuestros para dejárselo a México y pasar al noveno, Brasil ocupa el quinto y Venezuela el séptimo. Estas mejoras no fueron fortuitas y no se originaron a raíz de instaurar la pena de muerte. Se hizo con cuerpos policíacos eficientes, honestos y operantes. Y se logró con uno de los aciertos más grandes en política criminal reciente: los Grupos de Acción Unificada por la Libertad (GAULA). Creados en 1996 los GAULA son una serie de grupos de elite especializados en secuestro y extorsión. Son expertos en el manejo de armas de fuego, son francotiradores, llevan entrenamientos para redadas tanto en zonas rurales como urbanas, asaltan vehículos en movimiento y pueden realizar operaciones de rescate en cualquier momento del día. Estos escuadrones de élite tienen analistas de inteligencia, técnicos de comunicaciones, y detectives. Es el primer país de América Latina que tiene una escuela especializada en tácticas antisecuestro. Éstas son las medidas que realmente pueden crear una policía preventiva eficaz e investigadora. Tratar de instaurar la pena de muerte en México también nos hace ignorar problemas que tenemos como sociedad y en nuestro sistema político. Nuestras cárceles están sobre pobladas, décadas de un sistema penal burocrático e ineficiente (que además aún es plagado por mucha corrupción) han dejado en la cárcel a personas que han cometido delitos menores y nunca han sido juzgados. La pena de muerte sería una reacción basada en el miedo que no nos permitiría ver el problema completo. Un país injusto con aún mucha disparidad económica, con muchos pendientes de reformas institucionales que llevar a cabo y con un aparato de justicia autoritario e ineficiente (los ministerios públicos, las policías) requiere de un proyecto de reforma completo y visionario. Colombia ha también coordinado su lucha contra la inseguridad con diversos programas sociales, tema que desarrollaré más adelante. Ahora que volteamos al sur volteemos al norte. En 2007 Estados Unidos ejecutó a 42 personas. Estudiosos como John J. Donohue III, un profesor de derecho de Yale, y Justin Wolfers, de la Universidad de Pensilvania, afirman que no existe una correlación directa entre la pena de muerte y la disminución de los homicidios. Además es un tema que no puede planteare a la ligera sin ningún debate profundo de por medio.

La guerra contra el narcotráfico: una reflexión

La última visita del Presidente a Ciudad Juárez debe conducirnos a una reflexión genuina entorno a la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esto requiere escapar a la tiranía de la inmediatez y el sano distanciamiento de los intereses políticos. Ayer el Presidente respondió a las acusaciones de la sociedad civil juarense con un argumento que en un extremo era estadista y en el otro era metafísico: primero recalcaba la necesidad de apegarse a datos duros (haciendo referencia constantemente a los cuantificables homicidios) para luego argumentar que una mejora en la percepción ciudadana ayudaría a estigmatizar a la delincuencia y sus actividades afines, lo que traería resultados a las laceradas calles de Ciudad Juárez. Esto es muy rebatible y para dar la razón al Presidente en la primera parte de su argumento, habría que comprobar si existe correlación alguna entre la percepción ciudadana y la disminución de la tasa de criminalidad. Entiendo absolutamente la defensa política de lo que se ha convertido en la principal prioridad de esta administración pero eso no debe bloquear la posibilidad de enriquecer y mejorar la calidad del debate. El narcotráfico y la delincuencia organizada son un problema real cuya evolución histórica es demasiado compleja para caer en reduccionismos acusatorios. Esta es la postura que ha adaptado la oposición, en particular y muy gravemente la izquierda. Resulta vital que la izquierda promueva una agenda social para hacer frente a la inseguridad, como programas de educación y empleo para jóvenes en zonas dónde se presenten los índices más altos de sicariato. La actual administración es de derecha y ha hecho algo muy acorde con su naturaleza histórica: el uso de la coerción. Es innegable que es necesario el uso de la fuerza para hacer frente al narcotráfico, pero la condena poco propositiva de la oposición (que no quiere “ensuciarse las manos”) condena a esta guerra a una brutal miopía operativa. Parte de vivir en un sistema democrático es que las corrientes ideológicas tienen la libertad de implementar políticas acordes, lo que sumado a la pluralidad debe traducirse en medidas que ataquen los problemas por diferentes flancos. La fuerza de la derecha resulta vital para atender el problema inmediato, los grupos de traficantes violentos que se dedican al homicidio, a la extorsión y el secuestro. Las medidas progresivas y sociales deberían hacerse presentes para dar soluciones al mediano y largo plazo, las políticas de educación, de apoyo para el empleo y las relacionadas a la lucha contra la disparidad y la exclusión. La oposición en México (más allá de la ideología) tiene una cultura de confrontación dogmática con la fuerza política en el poder, lo que está resultando en un manejo monopólico de la agenda pública. Es irresponsable asumir que, en democracia, las fuerzas políticas pueden abstener su involucramiento en los grandes problemas nacionales. Es una práctica nociva y reprobable. Y volviendo a la baja calidad del debate repasemos lo que ayer el presidente no dijo sobre la guerra contra el narcotráfico: 90% de las armas decomisadas al crimen organizado son traficadas desde EEUU ¿Qué se está haciendo? ¿Hay medidas binacionales en curso? ¿Ha aumentado o ha disminuido el flujo? Las policías en México son corruptas, ineficientes, mal pagadas y mal entrenadas ¿Existe un proceso de reforma? ¿A qué se encamina? ¿Se ha considerado la tan debatida posibilidad de instaurar una policía única nacional? Se sabe que la mariguana representa más de la mitad de los ingresos de los cárteles mexicanos y en EEUU ya existe una muy laxa forma de legalización ¿No valdría la pena legalizar –bajo esquemas regulatorios claro está- la mariguana? El Ejército es una institución cuya función es salvaguardar, por todos los medios, la seguridad nacional pero no la pública. Involucrar a las Fuerzas Armadas en este conflicto las expone a la corrupción de los cárteles y las exhibe políticamente, lo que puede resultar riesgoso para la consolidación de nuestra democracia ¿Hay algún plazo para que el Ejército abandone las calles? ¿No podemos fijarnos fechas –gobierno y sociedad- como lo hicieron los gringos para Irak? Esto permitiría plantear escenarios y llevar a cabo evaluaciones más concretas. La guerra contra el narcotráfico no puede seguir así. Debemos responsabilizarnos colectivamente con el problema la sociedad, los gobiernos y los partidos políticos para darle solución. Y eso requiere de una conjunción de medidas que le conciernen a todos los actores y a todos los espectros ideológicos. Este es el único país que tenemos, no hay otro. Y debemos responsabilizarnos con él.

Para ampliar el tan necesitado debate:

Para recuperar Juárez
Una visión cruda de la guerra contra el narcotráfico
Narco S.A.
La muerte de Beltrán Leyva
Portugal: una esperanza en la insensatez de la prohibición
¿Y si legalizásemos las drogas?

Para recuperar Juárez

Juárez actualmente es la ciudad más violenta del planeta donde no se está desarrollando un conflicto bélico. En 2009 2 mil 660 personas fueron asesinadas en la capital de Chihuahua, muestra de la violencia desbordada que sufre la quinta ciudad más grande de nuestro país. Así esta metrópoli fronteriza se ha convertido en un ícono de la guerra contra el narco, de su brutalidad y de lo distante que aún se vislumbra algún tipo de victoria. Recuperar Juárez representaría, para el actual gobierno y para nuestra sociedad, una victoria importante en la batalla por la recuperación del espacio público en México. En 2008 la administración del Presidente Calderón envío un contingente de 10 mil efectivos del Ejército, reforzando la línea de acción coercitiva en respuesta a la irrupción del Cártel de Sinaloa en el estado para apropiarse de aquella importante plaza de tráfico. Evidentemente la fuerza ha resultado insuficiente para recuperar Ciudad Juárez. La tasa nacional es de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, Venezuela tiene 48, Colombia 37 y Brasil 25. Chihuahua presenta 143 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es necesario implementar un programa global que, sin perder de vista la importancia de la coerción, atiendan los grandes pendientes sociales que aquejan a la ciudad. Aproximadamente 80,000 jóvenes juarenses están desempleados o no cuentan con acceso a la educación, por lo que la única alternativa que se les presenta es el sicariato. Con más de 300 maquilas, el sector manufacturero representa aproximadamente el 45% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado de Chihuahua. La crisis económica con su epicentro en Estados Unidos afectó especialmente al sector maquilador de la ciudad que creó varias fuentes de empleo a mediados de los noventa. Esto estimuló la migración e incentivó a una generación de jóvenes a abandonar sus estudios ante la oportunidad de conseguir un trabajo. En 2000 había registrados 264 mil 700 trabajadores en la industria maquiladora de Juárez, y para 2008 ya habían desaparecido casi 25 mil empleos. En 2009 ochenta y dos maquiladores entraron en paro (25 por ciento de las 330 existentes) lo que afectó a más de 35 mil empleos directos del sector. Se calcula otros 10 mil trabajos secundarios ligados a la maquila como proveedores y transportistas se perdieron. Pero el ejemplo de Juárez lanza señales preocupantes sobre nuestro panorama nacional. La crisis afectó profundamente a los jóvenes de todo el país. A finales del 2009 el INEGI reportó 3.5 millones de personas desempleadas, de las cuales aproximadamente 2 millones eran jóvenes. Estas omisiones sólo fortalecen al crimen organizado engrosando sus canteras. Se estima que de los 8 millones de jóvenes que no figuran en los registros gubernamentales 4 están expuestos directamente a involucrarse en las redes del crimen organizado. Volvamos a Juárez. Siendo una plaza vital para el trasiego de drogas a EEUU, es necesario aplicar una política integral de tratamiento a adictos en Ciudad Juárez. De acuerdo a los estimados hay 49 mil adictos en la capital de Chihuahua y la infraestructura existente sólo permite tratar a unas cinco mil. El noventa por ciento restante no recibe ayuda alguna. Si queremos aliviar a Juárez nuestro gobierno debe ofrecer oportunidades educativas y laborales a sus jóvenes. También se debe apoyar la creación de lugares comunes de convivencia que ofrezcan alternativa al involucramiento en las mafias. Nuestro Ejército no puede y no debe irse de la capital de Chihuahua. Pero eso no quiere decir que no exista política social que complemente su presencia. Sólo con este binomio recuperaremos Juárez.

Una visión cruda de la guerra contra el narcotráfico

Según el político francés Georges Clemenceau una guerra es una serie de catástrofes que resultan en una victoria. La aseveración de este liberal que se opuso al régimen de Napoleón III resulta muy lúcida por un simple motivo: un conflicto armado, para llegar a un fin, se construye entorno a la infamia, a la catástrofe y a la faceta más malvada de la condición humana. Ambos bandos para alcanzar la victoria cometerán cualquier cantidad de atrocidades y aquella idea (muy gringa) de la “guerra justa” sin bajas de inocentes ni violaciones a los derechos humanos simplemente no existe. Esta contradicción de términos nos hace de pronto perder los alcances y las consecuencias de una guerra y llegamos a caer en la insensata idea de transplantar los ideales de la justicia a un terreno en donde lo infame y lo catastrófico son los monopolios imperantes. La frustración y la indignación suelen ser las conclusiones a la que llegan “los justos”. Ahora en México al igual que en Afganistán se está librando una guerra. Y sin embargo nos sorprende y nos indigna que nuestras fuerzas armadas no sean “justas”. Es más fácil negar la naturaleza de los conflictos bélicos que enfrentarlos por lo que realmente son y así asumir sus horribles costos. Pero una película carioca se sale de los moldes preestablecidos para presentarnos la guerra contra el narcotráfico por lo que realmente es: Tropa de Elite del director José Padilha. Esta ganadora del Oso de Oro a la Mejor Película en el 58º Festival de Berlín nos cuenta la historia de un comando de la fuerza de élite BOPE, que combate al narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro (cuya tasa de asesinatos es de 38 por cada 100 mil habitantes, en la Ciudad de México es de 5). Desde un comienzo una cosa queda más que clara: los traficantes armados hasta los dientes no permitirán ser arrestados. Así queda puesto el escenario en el que los integrantes de BOPE deben tomar una simple decisión: asesinar o ser asesinados. Los medios son absolutamente justificados bajo aquél fúnebre fin. El personaje del Capitán Nascimento, interpretado magistralmente por Wagner Moura, debe pacificar una favela antes de una visita del Papa Juan Pablo II en 1997. Lo que resulta más brutal y desgarrador de este film es cómo nos encara con la compleja realidad de la lucha contra el narcotráfico: la burguesía carioca progresista, a favor de los derechos humanos y a la vez drogadicta defiende a los traficantes víctimas de la exclusión y la pobreza. Mientras tanto los agentes de BOPE enfrentan la realidad sin el filtro de los conjuntos habitacionales amurallados y las bardas electrificadas; los traficantes son el enemigo y para acabar con ellos cualquier acción está justificada. En este entorno reside el argumento más interesante de la película: en la que los héroes no son la decencia humana encarnada, en realidad son tan infames y brutales como sus contrapartes. La substracción de información utilizando la tortura y los asesinatos selectivos son algunos de los medios que estos héroes de carne y hueso utilizan en esta guerra real, distanciada de los cánones ilusorios del “conflicto justo”. Es una gran película que invita a la reflexión y que resulta obligada para los habitantes de un país como el nuestro donde el narcotráfico es un flagelo que se ha arraigado en lo más profundo de nuestra convivencia diaria. Es una película honesta, inteligente y cruda sobre la guerra contra las drogas. Y demuestra, a diferencia del artículo del documental Manda Bala, que en la guerra contra el narcotráfico hay muchos más victimarios que víctimas.

Narco S.A.

La muerte de Beltrán Leyva a finales del 2009 marcó una victoria en la guerra contra el narcotráfico, pero fue un triunfo con un tinte amargo. Y aquella característica es inherente a la prohibición de las drogas: capo que cae pronto será reemplazado y tarde o temprano, tras violentas purgas al interior de las mafias, se definirán nuevas líneas de mando. El problema reside en encontrar soluciones a la larga y por ello desde este foro he externado la necesidad de legalizar –bajo una estricta regulación- el mercado de las drogas por ahora ilícitas (ver artículos 1, 2 y 3). En los últimos tres años 15 mil vidas se han perdido en esta guerra y la violencia no parece ceder. El problema es que el belicismo a raja tabla de la prohibición ignora por completo la naturaleza de los cárteles de la droga, desde su capacidad organizativa hasta sus particularidades como negocio. Para atestar golpes más efectivos debemos comprender a las mafias de narcotraficantes como empresas más que como organizaciones delictivas de enorme poder. La primera gran omisión que fortaleció a los cárteles mexicanos fue la absoluta ignorancia de la adaptabilidad del sector y de su capacidad para establecer rutas de contrabando con nuevos agentes. En la década de los ochenta y principios de los noventa la mayoría de la cocaína arribaba a Estados Unidos por el caribe, entrando por Florida. El cierre de esa ruta desplazo el tráfico hacia México: el actual tercer aliado comercial de la potencia norteamericana, con una población de más de cien millones de habitantes y con quién comparte más de dos mil kilómetros de frontera ¿Resulta conveniente cerrar la ruta del caribe para desestabilizar a nuestro país cuyo peso regional es innegablemente superior? En este periodo los cárteles mexicanos pasaron de intermediarios a protagonistas en el tráfico de drogas regional: en 1991 50% de la cocaína de EEUU entraba desde México, para 2004 el 90%. El Plan Colombia fue otra medida que no previó las implicaciones regionales de la guerra contra las drogas. El desmembramiento del Cártel de Cali y el de Medellín creó grupúsculos de traficantes que fortalecieron a sus contrapartes mexicanas más poderosas y mejor organizadas. Los cárteles colombianos dependen de la cocaína, los narcotraficantes mexicanos producen metanfetaminas, heroína y mariguana por lo que su mercado está mucho más diversificado. Geográficamente los precios de los productos aumentan según se aproximan a su destino final: un kilo de cocaína en Colombia cuesta $1,200 dólares, en Panamá $2,300, en México $8,300 y en EEUU según la distancia con México puede costar entre $15 mil y $80 mil dólares. Por ello siempre habrá agentes en la cadena de tráfico, los que mueran o sean arrestados son reemplazados. Entre el 50 y el 65% de los ingresos netos de las mafias mexicanas provienen de la mariguana, una droga que prácticamente se encuentra legalizada en EEUU bajo un esquema muy flexible de uso medicinal y que ha posicionado a nuestro vecino del norte como el primer productor mundial. Legalizar la mariguana sumada a una mayor apertura a la ruta del caribe lograría mermar significativamente los masivos márgenes de ganancia del narcotráfico en México. Además acabaría con el control que estas organizaciones ejercen sobre la mariguana que producen domésticamente, lo que asegura un abasto más continuo y genera ganancias que no representa costos con otras mafias. De acuerdo al Wall Street Journal en un operativo en la Ciudad de México se encontró un desglose de las ganancias de un cartel: el kilogramo de cocaína lo compran a sus contrapartes colombianos por $3,500 dólares, se vende en México en $8,200 dólares y la ganancia neta del cártel era de $18 millones. Hasta que nuestras autoridades no conciban al narco como negocio esta guerra continuará encaminada hacia el fracaso.

Portugal: una esperanza en la insensatez de la prohibición

Este artículo es un complemento al titulado ¿Y si legalizásemos las drogas? publicado el 21 de octubre pasado en este blog.

La guerra contra el narcotráfico es un fracaso comprobado. Pero los dogmas y la falta de claridad han priorizado el belicismo sobre la sensatez, varios países como Afganistán y México viven una guerra contra el narco, en toda la plenitud del término. Los costos exceden holgadamente los beneficios, el consumo se ha mantenido mientras que el versátil mercado ha encontrado formas de adaptarse y beneficiarse de la prohibición. Además esta errada política global trae consigo legislaciones de cero tolerancia, en la que ciudadanos comunes que consumen pueden convertirse en criminales por cargos de posesión. Así no se distingue del adicto o del consumidor recreacional del sicario. Las legislaciones más rígidas contra el consumo no traen consigo resultados en la materia, no disminuye la demanda ni disuade a los que vayan a drogarse por primera vez. Desde 2001 Portugal despenalizó la posesión y el consumo de estupefacientes y los resultados han sido asombrosos. Desde ese año en la nación lusa se permitió la posesión y consumo de cualquier droga, incluyendo la cocaína y la heroína. Las críticas no se hicieron esperar, facciones conservadoras y progresistas del sistema político portugués se pronunciaron en contra de la nueva ley argumentado que el país se volvería una meca de narcoturismo. Vecinos de la Unión Europea como Inglaterra predecían un futuro nada alentador para la medida, diciendo que el consumo al interior del país crecería exponencialmente. Un estudio independiente publicado a principios de 2009 por The Cato Institute una consultoría norteamericana, ha demostrado que los pronósticos catastrofistas estaban muy equivocados. El consumo, tras ocho años de tolerancia, no aumentó y Portugal mantiene uno de los índices más bajos de la región. El narcoturismo no se disparó y la cantidad de narcotraficantes convictos disminuyó notoriamente. Aunque se haya despenalizado el consumo y la posesión esto no implica que las drogas sean legales en Portugal, simplemente se cambió el enfoque de la lucha contra de las drogas de uno bélico a uno de salud pública. Una serie de comisiones gubernamentales se encargan de los adictos arrestados e intentan persuadirlos de someterse a programas de rehabilitación. Estos órganos pueden imponer multas y horas de servicio comunitario pero no encarcelar individuos ni abrirles expedientes criminales. El argumento de las autoridades lusas que destaca por su lucidez es que los adictos pueden sentirse persuadidos a buscar tratamiento al saber que no van a ser procesados. Remover la posibilidad de ser tachados como criminales aumenta las probabilidades de que los adictos entren a tratamientos y las autoridades pueden saber quiénes son, que adicciones sufren y el verdadero peligro que representan para la sociedad y sus comunidades –eso depende de la droga, alguien que fuma mota no cometerá actos violentos para conseguirla a diferencia del crack o la metanfetamina-. El número de adictos ha aumentado en el país europeo, en 1999 había 6 mil para 2008 24 mil. Esta cifra no refleja un aumento en el consumo, sólo saca de la secrecía a miles de adictos que bajo los esquemas de la prohibición son delincuentes. Ha habido un aumento en el consumo, pero muy mínimo, por ejemplo entre 2001 y 2007 la cantidad de portugueses que admitieron haber probado la heroína aumentó de 1 a 1.1%. Con otras drogas como la mariguana el consumo ha caído, posicionando a Portugal entre los países con índices más bajos de consumo en la UE. Y la demanda de los estupefacientes más dañinos ha decaído entre los sectores más jóvenes del país. Los drogadictos –sobretodo heroinómanos- previo a la despenalización representaban el 56% de los casos de VIH-SIDA en Portugal, ahora sólo representan el 20%. Portugal demuestra que descriminalización regulada correctamente surte mejores resultados que la guerra contra el narcotráfico. Además demuestra lo errado de este enfoque, el problema de las drogas le concierne más a los sistemas de salud que a los ejércitos y las policías del planeta. Por ahora los lusos son una esperanza en la insensatez del status quo de la prohibición.

¿Y si legalizásemos las drogas?

La ONU ha estimado que el narco genera unos $320 mil millones de dólares anuales a nivel mundial. En Europa los decomisos de cocaína se sextuplicaron en 2006 en comparación con 1995. A pesar de estos golpes el precio del producto ha bajado, lo que ha llevado a las autoridades mundiales a interpretar que el abasto ha aumentado. Tres cuartas partes de los operativos se han realizado en España y Portugal, dos puertas de entrada históricas al tráfico de drogas en el viejo continente. Pero si una ruta es interceptada por los gobiernos, otras se abren sin problema. Veintidós por ciento de la cocaína que entró a Europa en 2007 venía de África, en 2004 era cinco por ciento. Para Febrero de este año las autoridades de la UE externaron su preocupación por la apertura de rutas de tráfico en la región de los Balcanes. En los 80 la mayoría de la cocaína destinada a Estados Unidos salía de Colombia vía el Caribe. Al cerrarse esa ruta se establecieron las alianzas entre los cárteles mexicanos y colombianos para utilizar nuestro país como enlace entre ellos y el mercado estadounidense. La producción de opio se ha desplazado en los últimos años de Turquía y Tailandia hacia Myanmar y Afganistán. En la actualidad el tráfico en esta nación ha sido factor clave para sostener financieramente a los talibanes y a células de Al-Qaeda que han estado al borde de acabar con el gobierno en Pakistán. El narco puede ser un peligroso actor en regiones amenazadas por conflictos civiles y pobreza como el Medio Oriente. Puede quebrantar el orden civil, financiar conflictos armados y en varias ocasiones reemplazar a los aparatos gubernamentales. En Latinoamérica, los cárteles han ampliado su influencia sobre la región andina, dónde Bolivia y Perú se han convertido en importantes productores. Las naciones centroamericanas se han visto amenazadas por la incursión de nuestras mafias en sus territorios, principalmente las perpetradas por Los Zetas. El narco se ha convertido en un aparato ilegal transnacional, con una capacidad operativa apabullante sumada a una enorme disposición de recursos.

Este 2009 se cumplen 100 años de la prohibición contra las drogas y el resultado no es nada alentador. De acuerdo al World Drug Report 2008 la producción de cocaína se ha mantenido estable en Bolivia, Colombia y Perú. Aunque la producción se haya mantenido estable la siembra de coca aumentó 16% con respecto a años anteriores, Colombia presentó un crecimiento mayor con un 27%. La producción de opio y sus derivados se duplicó entre 2005 y 2007 alcanzando 8 mil 870 toneladas, el 92% producido en Afganistán. La producción de mariguana disminuyó ligeramente entre 2005 y 2007 al pasar de 42 mil a 41 mil 400 toneladas. La aceptación general a su consumo se ha mantenido estable en un 3.9% entre 2005 y 2007. Las drogas sintéticas como la metanfetamina y el éxtasis alcanzaron una producción de 449 toneladas. Valdría la pena mencionar que una droga legal, el tabaco, mata a 5 millones de personas al año mientras que las drogas ilegales a unas 200 mil. Veinticinco por ciento de la población adulta mundial es adicta a esta droga cuyo mercado está regulado legalmente. La cantidad de consumidores de entre 15 y 64 años de edad se ha mantenido estable en los últimos cuatro años. Son 208 millones de personas (4.9% del total global) que han usado drogas durante los últimos 12 meses. De ese total se calcula que sólo 0.6% tienen problemas de adicción. Con la excepción de las drogas sintéticas, todos los otros mercados han experimentado algún aumento en el total de consumidores. De 2005 a 2007 el consumo de mariguana aumentó de 3.8 a 3.9 por ciento, el de cocaína de .34 a .37 por ciento y el de heroína de .27 a .28 por ciento. El uso de metanfetaminas cayó de .60 a .58 por ciento. Estas cifras se han presentado en un contexto en el que los decomisos han aumentado de manera constante.

En 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas puso como meta que se eliminara o se redujera significativamente la producción de cocaína, mariguana y opio para 2008. Las cifras reflejan el fracaso de este compromiso. Además es un compromiso muy fácil de asumir pero finalmente es ficticio e irresponsable. La prohibición ignora totalmente cómo opera el mercado de las drogas. Primero se puede adaptar rápidamente a cualquier interrupción en la producción y el tráfico, como ha ocurrido en el surgimiento constante de nuevas rutas. La producción de los diferentes estupefacientes se ha mantenido estable o ha aumentado, armando a poderosas mafias en el proceso. El comportamiento del mercado parece indicar que el precio de las drogas es determinado por los costos del tráfico y la distribución por encima de los de la producción. Fumigar plantíos a gran escala merma el grueso de la producción pero aumenta el precio del total restante. Los decomisos y la destrucción de parte de la producción han ido en detrimento de la pureza de las drogas, en particular la de la cocaína. Con ello se vuelven más dañinas para los consumidores. La prohibición no logra responder a la versatilidad del narcotráfico, si se logra tumbar la producción de opio en Tailandia simplemente se desplaza a Afganistán y si se cierra la ruta del Caribe el tráfico se va por México. Y los costos de la prohibición –humanos y económicos- rebasan con creces los beneficios. Estados Unidos gasta $40 mil millones de dólares al año en atacar la oferta, arresta a 1.5 millones de consumidores al año encarcelando a la mitad. En México la guerra contra los grandes cárteles ha dejado de saldo más de 6 mil muertos y ha consolidado un mercado de consumo interno. La prohibición además ignora totalmente los problemas sociales de las adicciones, como el rompimiento de familias y la propagación del VIH. Además es capaz de derrocar a gobiernos en los países productores, contribuyendo como un actor protagónico a la inestabilidad global.

La medida más sensata sería la legalización de todas las drogas. Así se podría asumir el problema desde otra dimensión, el de la salud pública. Ayudaría a discernir al consumidor del traficante, invirtiendo masivamente en programas de rehabilitación y educación. Los gobiernos podrían capitalizar la legalización gravando los diferentes estupefacientes y con ello podrían guiar a los consumidores a optar por drogas menos dañinas (la mariguana sería más accesible que las metanfetaminas por ejemplo). Castigar a los consumidores no ha tenido impacto alguno en el consumo, los países más rígidos sobre el tema se drogan más. Muestra de ello es el aumento en consumo de estupefacientes sintéticos en Asia. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud en 177 países no encontró ninguna relación entre las leyes más estrictas y el consumo. La legalización por ende aumentaría el consumo, pero de una forma regulada en la que se podrán tratar a los adictos y atender consecuencias sociales como la propagación de enfermedades y la prostitución. Bajo este estatus quo los hijos de un adicto son inexistentes a los ojos de las autoridades y de la sociedad.