De vuelta a la guerra contra el narco

El asesinato del candidato a la gubernatura de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú y la reacción presidencial que le siguió me recordó profundamente a un artículo que escribí a mediados de marzo titulado La guerra contra el narcotráfico: una reflexión. He decidido que ante la coyuntura algunas de esas palabras deben ser rescatadas del olvido. Espero que ayude a nuestra delirante clase política a salir del trance en el que se ha encontrado y sepa cuáles son sus verdaderos enemigos:

El narcotráfico y la delincuencia organizada son un problema real cuya evolución histórica es demasiado compleja para caer en reduccionismos acusatorios. Esta es la postura que ha adaptado la oposición, en particular y muy gravemente la izquierda. Resulta vital que la izquierda promueva una agenda social para hacer frente a la inseguridad, como programas de educación y empleo para jóvenes en zonas dónde se presenten los índices más altos de sicariato. La actual administración es de derecha y ha hecho algo muy acorde con su naturaleza histórica: el uso de la coerción. Es innegable que es necesario el uso de la fuerza para hacer frente al narcotráfico, pero la condena poco propositiva de la oposición (que no quiere “ensuciarse las manos”) condena a esta guerra a una brutal miopía operativa. Parte de vivir en un sistema democrático es que las corrientes ideológicas tienen la libertad de implementar políticas acordes, lo que sumado a la pluralidad debe traducirse en medidas que ataquen los problemas por diferentes flancos. La fuerza de la derecha resulta vital para atender el problema inmediato, los grupos de traficantes violentos que se dedican al homicidio, a la extorsión y el secuestro. Las medidas progresivas y sociales deberían hacerse presentes para dar soluciones al mediano y largo plazo, las políticas de educación, de apoyo para el empleo y las relacionadas a la lucha contra la disparidad y la exclusión. La oposición en México (más allá de la ideología) tiene una cultura de confrontación dogmática con la fuerza política en el poder, lo que está resultando en un manejo monopólico de la agenda pública. Es irresponsable asumir que, en democracia, las fuerzas políticas pueden abstener su involucramiento en los grandes problemas nacionales. Es una práctica nociva y reprobable.

La guerra contra el narcotráfico no puede seguir así. Debemos responsabilizarnos colectivamente con el problema la sociedad, los gobiernos y los partidos políticos para darle solución. Y eso requiere de una conjunción de medidas que le conciernen a todos los actores y a todos los espectros ideológicos. Este es el único país que tenemos, no hay otro. Y debemos responsabilizarnos con él.

California por la legalización

La guerra contra el narcotráfico ha continuado y la situación no parece mejorar. En los primeros 34 días del 2010 se alcanzaron las primeras mil muertes relacionadas a esta industria, en 2009 tomó 51 días alcanzar esta cifra. El gobierno se ha escudado en la inmediatez, argumentando que esta escalada de la violencia ha alcanzado un pico y que sus detonantes se deben a los logros de la guerra contra el crimen organizado, como la muerte de Arturo Beltrán Leyva a manos de efectivos de la Marina en diciembre del año pasado. El segundo argumento parece lúcido, la reconfiguración de las líneas de mando tras la muerte de un capo ha sido un escenario probado por la historia del narcotráfico en México. El primero puede responderse con una réplica que Jorge Luis Borges hizo sobre su país natal Argentina: ¿el fondo tiene fin? O para este caso, y parafraseando al maestro de la metafísica literaria, ¿el pico de muertes en verdad representa un límite? En este sentido lo declarado por “El Mayo” Zambada, uno de los capos del Cártel de Sinaloa, a Julio Scherer resulta preocupante: “El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí” (Proceso, 3 de abril de 2010). Todo apunta a que estamos encausados en una guerra sin victoria posible, un ciclo infinito de renovación de cuadros de las mafias fundamentado en la exclusión y el desgastado y fracasado modelo de la prohibición. Estados Unidos ha invertido más de $25 mil millones de dólares en nuestra región en los últimos 15 años a esfuerzos de erradicación, sin embargo el precio neto de la cocaína y la heroína ha bajado mientras ha aumentado su pureza, prueba irrefutable del aumento en la producción y trasiego del narcotráfico. A esto se suman problemas que no se debaten en los medios masivos de comunicación, como la degradación del medio ambiente ligada al narcotráfico y los esfuerzos de erradicación. Por ejemplo los programas de erradicación en Colombia esponsoreados por EEUU han contribuido a la pérdida de 1.75 millones de hectáreas de bosque tropical en la nación cafetalera. Las drogas deben legalizarse bajo esquemas regulatorios, no existe otra alternativa. Y aunque las medidas para la legalización se sientan distantes el estado de California nos está mandando buenas noticias. Activistas lograron recabar 694,248 firmas (de 433,971 requeridas) para votar la legalización de la mariguana en ese estado para noviembre. Bajo la propuesta los ciudadanos mayores de 21 años podrían portar 28.5 gramos de mariguana para consumo personal, llevando a otro nivel la medida que permitió el uso medicinal del enervante en 1996. Tras la reforma californiana 13 estados y el distrito de Columbia ajustaron sus marcos regulatorios en este sentido, convirtiendo a EEUU en el primer productor de mariguana mundial (con California encabezando la producción doméstica). Una encuesta realizada en el estado en abril del 2009 mostró que 56% de los encuestados estaban a favor de la legalización. Además la medida se da en un momento de profunda dificultad para el fisco californiano que enfrenta un déficit de $20mil millones de dólares. La legalización traería consigo mil millones de dólares en entradas por impuestos, mientras que reduciría el costo de procesar y encarcelar a consumidores que no son delincuentes. Lo que resulta aún más importante es que este escenario se asemeja mucho a la finalización de la prohibición del alcohol en la década de los 30, cuando en un entorno de crisis económica los estados comenzaron a tomar el camino de la regularización. La mariguana podría seguir el mismo sendero. Y al tomar en cuenta que más de la mitad de los ingresos de los capos mexicanos vienen exclusivamente de la mariguana las noticias provenientes de california no podrían ser mejores. Le podrían cambiar el rostro a una guerra que, por ahora, no parece tener fondo ni parece tener fin.

Para ampliar el necesitado debate:

La guerra contra el narcotráfico: una reflexión

La guerra contra el narcotráfico: una reflexión

La última visita del Presidente a Ciudad Juárez debe conducirnos a una reflexión genuina entorno a la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esto requiere escapar a la tiranía de la inmediatez y el sano distanciamiento de los intereses políticos. Ayer el Presidente respondió a las acusaciones de la sociedad civil juarense con un argumento que en un extremo era estadista y en el otro era metafísico: primero recalcaba la necesidad de apegarse a datos duros (haciendo referencia constantemente a los cuantificables homicidios) para luego argumentar que una mejora en la percepción ciudadana ayudaría a estigmatizar a la delincuencia y sus actividades afines, lo que traería resultados a las laceradas calles de Ciudad Juárez. Esto es muy rebatible y para dar la razón al Presidente en la primera parte de su argumento, habría que comprobar si existe correlación alguna entre la percepción ciudadana y la disminución de la tasa de criminalidad. Entiendo absolutamente la defensa política de lo que se ha convertido en la principal prioridad de esta administración pero eso no debe bloquear la posibilidad de enriquecer y mejorar la calidad del debate. El narcotráfico y la delincuencia organizada son un problema real cuya evolución histórica es demasiado compleja para caer en reduccionismos acusatorios. Esta es la postura que ha adaptado la oposición, en particular y muy gravemente la izquierda. Resulta vital que la izquierda promueva una agenda social para hacer frente a la inseguridad, como programas de educación y empleo para jóvenes en zonas dónde se presenten los índices más altos de sicariato. La actual administración es de derecha y ha hecho algo muy acorde con su naturaleza histórica: el uso de la coerción. Es innegable que es necesario el uso de la fuerza para hacer frente al narcotráfico, pero la condena poco propositiva de la oposición (que no quiere “ensuciarse las manos”) condena a esta guerra a una brutal miopía operativa. Parte de vivir en un sistema democrático es que las corrientes ideológicas tienen la libertad de implementar políticas acordes, lo que sumado a la pluralidad debe traducirse en medidas que ataquen los problemas por diferentes flancos. La fuerza de la derecha resulta vital para atender el problema inmediato, los grupos de traficantes violentos que se dedican al homicidio, a la extorsión y el secuestro. Las medidas progresivas y sociales deberían hacerse presentes para dar soluciones al mediano y largo plazo, las políticas de educación, de apoyo para el empleo y las relacionadas a la lucha contra la disparidad y la exclusión. La oposición en México (más allá de la ideología) tiene una cultura de confrontación dogmática con la fuerza política en el poder, lo que está resultando en un manejo monopólico de la agenda pública. Es irresponsable asumir que, en democracia, las fuerzas políticas pueden abstener su involucramiento en los grandes problemas nacionales. Es una práctica nociva y reprobable. Y volviendo a la baja calidad del debate repasemos lo que ayer el presidente no dijo sobre la guerra contra el narcotráfico: 90% de las armas decomisadas al crimen organizado son traficadas desde EEUU ¿Qué se está haciendo? ¿Hay medidas binacionales en curso? ¿Ha aumentado o ha disminuido el flujo? Las policías en México son corruptas, ineficientes, mal pagadas y mal entrenadas ¿Existe un proceso de reforma? ¿A qué se encamina? ¿Se ha considerado la tan debatida posibilidad de instaurar una policía única nacional? Se sabe que la mariguana representa más de la mitad de los ingresos de los cárteles mexicanos y en EEUU ya existe una muy laxa forma de legalización ¿No valdría la pena legalizar –bajo esquemas regulatorios claro está- la mariguana? El Ejército es una institución cuya función es salvaguardar, por todos los medios, la seguridad nacional pero no la pública. Involucrar a las Fuerzas Armadas en este conflicto las expone a la corrupción de los cárteles y las exhibe políticamente, lo que puede resultar riesgoso para la consolidación de nuestra democracia ¿Hay algún plazo para que el Ejército abandone las calles? ¿No podemos fijarnos fechas –gobierno y sociedad- como lo hicieron los gringos para Irak? Esto permitiría plantear escenarios y llevar a cabo evaluaciones más concretas. La guerra contra el narcotráfico no puede seguir así. Debemos responsabilizarnos colectivamente con el problema la sociedad, los gobiernos y los partidos políticos para darle solución. Y eso requiere de una conjunción de medidas que le conciernen a todos los actores y a todos los espectros ideológicos. Este es el único país que tenemos, no hay otro. Y debemos responsabilizarnos con él.

Para ampliar el tan necesitado debate:

Para recuperar Juárez
Una visión cruda de la guerra contra el narcotráfico
Narco S.A.
La muerte de Beltrán Leyva
Portugal: una esperanza en la insensatez de la prohibición
¿Y si legalizásemos las drogas?