La guerra contra el narcotráfico: una reflexión

La última visita del Presidente a Ciudad Juárez debe conducirnos a una reflexión genuina entorno a la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Esto requiere escapar a la tiranía de la inmediatez y el sano distanciamiento de los intereses políticos. Ayer el Presidente respondió a las acusaciones de la sociedad civil juarense con un argumento que en un extremo era estadista y en el otro era metafísico: primero recalcaba la necesidad de apegarse a datos duros (haciendo referencia constantemente a los cuantificables homicidios) para luego argumentar que una mejora en la percepción ciudadana ayudaría a estigmatizar a la delincuencia y sus actividades afines, lo que traería resultados a las laceradas calles de Ciudad Juárez. Esto es muy rebatible y para dar la razón al Presidente en la primera parte de su argumento, habría que comprobar si existe correlación alguna entre la percepción ciudadana y la disminución de la tasa de criminalidad. Entiendo absolutamente la defensa política de lo que se ha convertido en la principal prioridad de esta administración pero eso no debe bloquear la posibilidad de enriquecer y mejorar la calidad del debate. El narcotráfico y la delincuencia organizada son un problema real cuya evolución histórica es demasiado compleja para caer en reduccionismos acusatorios. Esta es la postura que ha adaptado la oposición, en particular y muy gravemente la izquierda. Resulta vital que la izquierda promueva una agenda social para hacer frente a la inseguridad, como programas de educación y empleo para jóvenes en zonas dónde se presenten los índices más altos de sicariato. La actual administración es de derecha y ha hecho algo muy acorde con su naturaleza histórica: el uso de la coerción. Es innegable que es necesario el uso de la fuerza para hacer frente al narcotráfico, pero la condena poco propositiva de la oposición (que no quiere “ensuciarse las manos”) condena a esta guerra a una brutal miopía operativa. Parte de vivir en un sistema democrático es que las corrientes ideológicas tienen la libertad de implementar políticas acordes, lo que sumado a la pluralidad debe traducirse en medidas que ataquen los problemas por diferentes flancos. La fuerza de la derecha resulta vital para atender el problema inmediato, los grupos de traficantes violentos que se dedican al homicidio, a la extorsión y el secuestro. Las medidas progresivas y sociales deberían hacerse presentes para dar soluciones al mediano y largo plazo, las políticas de educación, de apoyo para el empleo y las relacionadas a la lucha contra la disparidad y la exclusión. La oposición en México (más allá de la ideología) tiene una cultura de confrontación dogmática con la fuerza política en el poder, lo que está resultando en un manejo monopólico de la agenda pública. Es irresponsable asumir que, en democracia, las fuerzas políticas pueden abstener su involucramiento en los grandes problemas nacionales. Es una práctica nociva y reprobable. Y volviendo a la baja calidad del debate repasemos lo que ayer el presidente no dijo sobre la guerra contra el narcotráfico: 90% de las armas decomisadas al crimen organizado son traficadas desde EEUU ¿Qué se está haciendo? ¿Hay medidas binacionales en curso? ¿Ha aumentado o ha disminuido el flujo? Las policías en México son corruptas, ineficientes, mal pagadas y mal entrenadas ¿Existe un proceso de reforma? ¿A qué se encamina? ¿Se ha considerado la tan debatida posibilidad de instaurar una policía única nacional? Se sabe que la mariguana representa más de la mitad de los ingresos de los cárteles mexicanos y en EEUU ya existe una muy laxa forma de legalización ¿No valdría la pena legalizar –bajo esquemas regulatorios claro está- la mariguana? El Ejército es una institución cuya función es salvaguardar, por todos los medios, la seguridad nacional pero no la pública. Involucrar a las Fuerzas Armadas en este conflicto las expone a la corrupción de los cárteles y las exhibe políticamente, lo que puede resultar riesgoso para la consolidación de nuestra democracia ¿Hay algún plazo para que el Ejército abandone las calles? ¿No podemos fijarnos fechas –gobierno y sociedad- como lo hicieron los gringos para Irak? Esto permitiría plantear escenarios y llevar a cabo evaluaciones más concretas. La guerra contra el narcotráfico no puede seguir así. Debemos responsabilizarnos colectivamente con el problema la sociedad, los gobiernos y los partidos políticos para darle solución. Y eso requiere de una conjunción de medidas que le conciernen a todos los actores y a todos los espectros ideológicos. Este es el único país que tenemos, no hay otro. Y debemos responsabilizarnos con él.

Para ampliar el tan necesitado debate:

Para recuperar Juárez
Una visión cruda de la guerra contra el narcotráfico
Narco S.A.
La muerte de Beltrán Leyva
Portugal: una esperanza en la insensatez de la prohibición
¿Y si legalizásemos las drogas?

La muerte de Beltrán Leyva

La muerte de Arturo Beltrán Leyva es un logro por los siguientes motivos: demuestra que la Marina y el Ejército mexicano están accediendo a mejores sistemas de inteligencia, lo que permitió la localización del entonces “jefe de jefes” del Cártel de Sinaloa. La labor de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) fue vital para el operativo en el que Leyva murió. También demuestra que, aunque aún en una etapa embrionaria, las fuerzas del Estado están adquiriendo mayor capacidad de coerción para enfrentar a las grandes mafias mexicanas. Y esto en definitiva no es sencillo. Uno de los tráficos que resulta más preocupante para nuestro país es uno que va de Estados Unidos a México y que no se ha posicionado como el de los estupefacientes: el de armas. 90 por ciento de las armas decomisadas al narco provienen de Estados Unidos. Según el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano ingresan 2,000 armas de contrabando provenientes de EEUU a nuestro país. Con base a lo declarado por este comité entonces llevan ingresadas un millón 460 mil armas a nuestro país entre el 2006 y el 2008. Los narcos llevan fusiles para atravesar blindaje, lanzacohetes antitanque y ametralladoras antiaéreas. Su capacidad económica es enorme, según estimaciones de la DEA los narcos mexicanos generan aproximadamente $13.8 mil millones de dólares al año. Una AK47 se puede conseguir en la frontera por $600 dólares y una AR-15 por mil. El mercado libre de armamento norteamericano no ha ignorado esto y ya existen 12 mil 706 tiendas a lo largo de la línea fronteriza donde se pueden adquirir armas sin ningún monitoreo. Según el Ejército mexicano, 30 0 40 personas de cada cártel (el del Golfo, Sinaloa, Tijuana, la Familia Michoacana y Juárez) se dedican exclusivamente a contactar fuentes de armamento y operadores para traficarlas. En el enfrentamiento con Leyva y sus sicarios los narcotraficantes utilizaron granadas en varias ocasiones (una de ellas mató a un marino), lo que demuestra la gravedad del tema del armamento en esta guerra. Tomó cinco horas terminar el enfrentamiento. Pero al igual que los logros también hay fracasos. Aunque Beltrán Leyva muera y posiblemente esto afecte profundamente la capacidad operativa y el poder del Cártel de Sinaloa el problema no desaparece. Este no es el primer capo que cae, dos ejemplos pasados son Osiel Cárdenas –apresado- y García Abrego – que fue asesinado en operación en un hospital de DF-. Cuando un capo cae los cárteles experimentan enfrentamientos profundamente violentos hasta definir nuevas líneas de mando. Ahora esto ocurrirá al interior del Cártel de Sinaloa. Y se formarán nuevos liderazgos. Comprendo perfectamente que por ahora el Ejército mexicano es la única institución capaz de encarar a este monstruo y es necesario reformar nuestros cuerpos policíacos para volverlos más eficaces, que cuenten con una capacidad coercitiva viable y servicios de inteligencia que les permitan atestar golpes certeros a las mafias. Pero también valdría la pena ver más allá y ser mucho más ambiciosos en nuestras aspiraciones como país. Ocho mil mexicanos han muerto desde el comienzo de esta guerra cuyo sustento es la anacrónica y fracasada prohibición de las drogas. La coerción a nivel mundial ha fallado en lo que se ha atestiguado la versatilidad de los cárteles y su capacidad de adaptación. Aplaudo a la Marina y al Ejército, sin lugar a duda es un gran logro. Pero ha llegado la hora de preguntarnos si realmente el costo de esas ocho mil vidas ha traído beneficios que las justifiquen.

Para ampliar el muy necesitado debate:
Portugal: una esperanza en la insensatez de la prohibición
¿Y si legalizásemos las drogas?

¿Y si legalizásemos las drogas?

La ONU ha estimado que el narco genera unos $320 mil millones de dólares anuales a nivel mundial. En Europa los decomisos de cocaína se sextuplicaron en 2006 en comparación con 1995. A pesar de estos golpes el precio del producto ha bajado, lo que ha llevado a las autoridades mundiales a interpretar que el abasto ha aumentado. Tres cuartas partes de los operativos se han realizado en España y Portugal, dos puertas de entrada históricas al tráfico de drogas en el viejo continente. Pero si una ruta es interceptada por los gobiernos, otras se abren sin problema. Veintidós por ciento de la cocaína que entró a Europa en 2007 venía de África, en 2004 era cinco por ciento. Para Febrero de este año las autoridades de la UE externaron su preocupación por la apertura de rutas de tráfico en la región de los Balcanes. En los 80 la mayoría de la cocaína destinada a Estados Unidos salía de Colombia vía el Caribe. Al cerrarse esa ruta se establecieron las alianzas entre los cárteles mexicanos y colombianos para utilizar nuestro país como enlace entre ellos y el mercado estadounidense. La producción de opio se ha desplazado en los últimos años de Turquía y Tailandia hacia Myanmar y Afganistán. En la actualidad el tráfico en esta nación ha sido factor clave para sostener financieramente a los talibanes y a células de Al-Qaeda que han estado al borde de acabar con el gobierno en Pakistán. El narco puede ser un peligroso actor en regiones amenazadas por conflictos civiles y pobreza como el Medio Oriente. Puede quebrantar el orden civil, financiar conflictos armados y en varias ocasiones reemplazar a los aparatos gubernamentales. En Latinoamérica, los cárteles han ampliado su influencia sobre la región andina, dónde Bolivia y Perú se han convertido en importantes productores. Las naciones centroamericanas se han visto amenazadas por la incursión de nuestras mafias en sus territorios, principalmente las perpetradas por Los Zetas. El narco se ha convertido en un aparato ilegal transnacional, con una capacidad operativa apabullante sumada a una enorme disposición de recursos.

Este 2009 se cumplen 100 años de la prohibición contra las drogas y el resultado no es nada alentador. De acuerdo al World Drug Report 2008 la producción de cocaína se ha mantenido estable en Bolivia, Colombia y Perú. Aunque la producción se haya mantenido estable la siembra de coca aumentó 16% con respecto a años anteriores, Colombia presentó un crecimiento mayor con un 27%. La producción de opio y sus derivados se duplicó entre 2005 y 2007 alcanzando 8 mil 870 toneladas, el 92% producido en Afganistán. La producción de mariguana disminuyó ligeramente entre 2005 y 2007 al pasar de 42 mil a 41 mil 400 toneladas. La aceptación general a su consumo se ha mantenido estable en un 3.9% entre 2005 y 2007. Las drogas sintéticas como la metanfetamina y el éxtasis alcanzaron una producción de 449 toneladas. Valdría la pena mencionar que una droga legal, el tabaco, mata a 5 millones de personas al año mientras que las drogas ilegales a unas 200 mil. Veinticinco por ciento de la población adulta mundial es adicta a esta droga cuyo mercado está regulado legalmente. La cantidad de consumidores de entre 15 y 64 años de edad se ha mantenido estable en los últimos cuatro años. Son 208 millones de personas (4.9% del total global) que han usado drogas durante los últimos 12 meses. De ese total se calcula que sólo 0.6% tienen problemas de adicción. Con la excepción de las drogas sintéticas, todos los otros mercados han experimentado algún aumento en el total de consumidores. De 2005 a 2007 el consumo de mariguana aumentó de 3.8 a 3.9 por ciento, el de cocaína de .34 a .37 por ciento y el de heroína de .27 a .28 por ciento. El uso de metanfetaminas cayó de .60 a .58 por ciento. Estas cifras se han presentado en un contexto en el que los decomisos han aumentado de manera constante.

En 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas puso como meta que se eliminara o se redujera significativamente la producción de cocaína, mariguana y opio para 2008. Las cifras reflejan el fracaso de este compromiso. Además es un compromiso muy fácil de asumir pero finalmente es ficticio e irresponsable. La prohibición ignora totalmente cómo opera el mercado de las drogas. Primero se puede adaptar rápidamente a cualquier interrupción en la producción y el tráfico, como ha ocurrido en el surgimiento constante de nuevas rutas. La producción de los diferentes estupefacientes se ha mantenido estable o ha aumentado, armando a poderosas mafias en el proceso. El comportamiento del mercado parece indicar que el precio de las drogas es determinado por los costos del tráfico y la distribución por encima de los de la producción. Fumigar plantíos a gran escala merma el grueso de la producción pero aumenta el precio del total restante. Los decomisos y la destrucción de parte de la producción han ido en detrimento de la pureza de las drogas, en particular la de la cocaína. Con ello se vuelven más dañinas para los consumidores. La prohibición no logra responder a la versatilidad del narcotráfico, si se logra tumbar la producción de opio en Tailandia simplemente se desplaza a Afganistán y si se cierra la ruta del Caribe el tráfico se va por México. Y los costos de la prohibición –humanos y económicos- rebasan con creces los beneficios. Estados Unidos gasta $40 mil millones de dólares al año en atacar la oferta, arresta a 1.5 millones de consumidores al año encarcelando a la mitad. En México la guerra contra los grandes cárteles ha dejado de saldo más de 6 mil muertos y ha consolidado un mercado de consumo interno. La prohibición además ignora totalmente los problemas sociales de las adicciones, como el rompimiento de familias y la propagación del VIH. Además es capaz de derrocar a gobiernos en los países productores, contribuyendo como un actor protagónico a la inestabilidad global.

La medida más sensata sería la legalización de todas las drogas. Así se podría asumir el problema desde otra dimensión, el de la salud pública. Ayudaría a discernir al consumidor del traficante, invirtiendo masivamente en programas de rehabilitación y educación. Los gobiernos podrían capitalizar la legalización gravando los diferentes estupefacientes y con ello podrían guiar a los consumidores a optar por drogas menos dañinas (la mariguana sería más accesible que las metanfetaminas por ejemplo). Castigar a los consumidores no ha tenido impacto alguno en el consumo, los países más rígidos sobre el tema se drogan más. Muestra de ello es el aumento en consumo de estupefacientes sintéticos en Asia. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud en 177 países no encontró ninguna relación entre las leyes más estrictas y el consumo. La legalización por ende aumentaría el consumo, pero de una forma regulada en la que se podrán tratar a los adictos y atender consecuencias sociales como la propagación de enfermedades y la prostitución. Bajo este estatus quo los hijos de un adicto son inexistentes a los ojos de las autoridades y de la sociedad.