La sinuosa ruta hacia la sustentabilidad

¿En dónde debe recaer la sustentabilidad? La pregunta es difícil y pertinente, y podría replantearse: ¿en qué nicho de la basta actividad económica deben redoblarse los esfuerzos para respetar los límites geofísicos de nuestro planeta, conservando la biodiversidad y la biomasa sin sacrificar el desarrollo y aumentando la productividad? El escenario se complica aún más cuando tomamos en cuenta que la población global crecerá a 9 mil millones hacia mediados de siglo (ver artículo). El actual paradigma de desarrollo no rendirá para acomodar a esos 3 mil millones más; desde 1999 la humanidad explota a la biosfera en un 120% por encima de su capacidad de regeneración (Scientific American, 2001). Entonces la pregunta planteada a comienzos de este artículo se convierte en menester. El vicepresidente del World Wildlife Fund (WWF) Jason Clay presentó una lúcida respuesta en las Ted Talks realizadas el verano pasado en Oxford. De acuerdo a Clay la sustentabilidad debe ser una condición precompetitiva del mercado, en la que las grandes empresas globales ofrezcan bienes sustentables excluyendo la posibilidad –hasta ahora predominante- del consumo responsable individual. El vicepresidente del WWF se basa en la dificultad de delegar la sustentabilidad a los casi siete mil millones de personas que habitan el planeta. Por simples números es más sencillo trabajar con las empresas globales cuya huella ecológica es más profunda. Así, tras extensos estudios, esta organización ambientalista ha focalizado 15 commodities que representan el mayor riesgo para 35 zonas prioritarias para el funcionamiento de los ecosistemas del planeta (como el bosque tropical del Amazonas o el de Borneo) por su contaminación de agua, erosión de suelos, aumento de emisiones y deforestación. De estos commodities (soya, carne de res, café, aceite de palma etc.) 70% de su comercio depende de entre 300 y 500 empresas. De ahí veinticinco por ciento de ese total depende de 100. Si estas corporaciones integran prácticas sustentables a la cadena de producción de estos productos podría salvaguardarse la conservación de estas 35 zonas prioritarias. Esto se debe a que las empresas encargadas de la comercialización de estos commodities pueden promover la sustentabilidad entre los 1.5 miles de millones de productores de manera más eficaz que los consumidores. Con esta información WWF ha logrado en 18 meses establecer grupos de trabajo para integrar la sustentabilidad de cuarenta de estas empresas en sus respectivas cadenas de producción. En otros 18 meses esperan conseguir a otras cuarenta. Todo este trabajo también se enfoca en aumentar la productividad en vísperas de nuestro futuro más poblado, alcanzando un balance entre la necesidad del desarrollo y la conservación de los sistemas que sostienen la vida en el planeta. Por ejemplo, es necesario aumentar la producción agrícola en un 70% para mediados de siglo (ver artículo) sin disparar la deforestación. La sustentabilidad será una larga y sinuosa ruta. Pero lo expuesto por Jason Clay ayuda a acotar la masividad del problema y nos acerca a valiosas repuestas.

La tan citada ponencia:

Grandes argumentos por el matrimonio gay

La Senadora por el estado de Nueva York Diane J. Savino tomó la palabra el 2 de diciembre del año pasado para defender una legislación para aprobar el matrimonio gay en su estado. Su argumento es lúcido e inspirador. Es un material complementario muy interesante para el artículo titulado La iglesia invasora.

La iglesia invasora

El matrimonio gay y su recientemente reconocido derecho a la adopción (ver artículo) ha generado un enfrentamiento sui generis entre el Jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard y el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Esta pugna resulta importante fundamentalmente por dos motivos: primero es un duro golpe para la izquierda política defeña que por vez primera debe enfrentar a aquél México dogmático y conservador que desde estas latitudes se ha negado a ver, lo que a su vez le ha dificultado enormemente la posibilidad de presentar un proyecto nacional que la viabilice como una genuina alternativa política en México. Las cifras demuestran lo riesgoso de promover una agenda de corte progresista en este país. De acuerdo a una encuesta nacional realizada BGC-Excélsior 77% de los encuestados desaprueba el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia al derecho a la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales en nuestra capital. Ahora el PRD choca por vez primera con el México mayoritario, aquél que no ha lo grado convencer en las urnas de las elecciones estatales. Las lecciones de este embate serán valiosas para el PRD y su quimérica infinidad de corrientes. Segundo, demuestra el estado crítico en el que se encuentra la Iglesia Católica en la globalización, desubicada y rebasada por la complejidad y pluralidad de las sociedades abiertas gestadas en los diferentes modelos democráticos del planeta. La Iglesia Católica está invadiendo funciones que le competen al Estado mexicano y las decisiones emanadas de sus gobiernos. El problema es que esta institución, que representa la Fe de casi el 88% de los mexicanos según el Censo de Población y Vivienda 2000, se sigue concibiendo bajo la visión medieval de ser un Estado dentro del Estado. Y esto trae consigo enormes contradicciones. La Iglesia Católica Romana demanda ejercer influencia sobre la conformación de la agenda pública nacional y sus leyes, como en el caso del aborto o del matrimonio y la adopción gay. Sin embargo a la hora de encarar los cargos de pederastia por parte de sus cuadros las leyes mexicanas pasan a segundo plano para dar paso al encubrimiento por parte del Estado soberano del Vaticano. Si la Iglesia Católica aspira a tener mayor participación en lo público e incidir en la conformación de leyes y marcos regulatorios nacionales (a lo que tiene derecho si queremos laurearnos de ser auténticos “demócratas”) debe apegarse a nuestra Constitución, ya sea para imponer sus intereses o para encarar sus crímenes. Pero esto no está ocurriendo en ningún lugar donde la Iglesia tenga presencia y el cambio en esta anacrónica percepción se vislumbra muy distante. El Estado mexicano es laico y por ello debe velar por los derechos de todos y no imponer dogmáticamente la visión mayoritaria (que puede estar profundamente equivocada, cuestión de voltear a Irán o Venezuela). Esa es una jurisdicción natural de nuestro Estado, su “campo de acción”. El de la Iglesia Católica se limita al de sus creyentes que en este caso son la mayoría del país. Si ellos como institución no están dispuestos a reconocer el matrimonio y la adopción homosexual no tienen porqué hacerlo. Sin embargo esto no les permite imponerse a minorías que no se adscriben a su religión como los cristianos, judíos y ateos. La sociedad compleja y plural que conformamos cuenta con formas de unión muy diferentes a la familia católica y monolítica. Prueba de ello es que se estima que el 10.3% de los hogares mexicanos son monoparentales (CONAPO, 2007) y el 10.2% son de unión libre (INEGI, 2000) ¿No debería la Iglesia pugnar en contra de los derechos civiles de estos hogares ya que, al igual que los homosexuales, no cumplen con los estándares de moral de la familia católica mexicana? El Gobierno capitalino está velando por los derechos civiles de una de las minorías más castigadas y perseguidas de la historia. Y la Iglesia Católica no tiene derecho a invadir e imponerse en campos de la vida pública que no le corresponden.

Para aunar más:

La Iglesia Católica: Celibato y Crisis
México y el aborto

Nuestra sedienta capital

Sigo estacionado en esta serie de artículos que exploran la complejidad de nuestra bastísima capital, explorando sus leviatánicos pendientes que son producto de habitar una de las metrópolis más pobladas y dinámicas del planeta. En las publicaciones anteriores exploramos dos problemas fundamentales del Distrito Federal y la Zona Metropolitana: la lacerante y grave disparidad junto a la pauperización del paisaje urbano y la calidad de vida producto del monopolio del automóvil sobre la movilización de nuestra ciudad. Ahora nos concierne otro problema de inmensas implicaciones, el manejo del agua. La Ciudad de México es una metrópoli muy sedienta. La demanda del vital líquido excede los 350 litros por habitante al día en el DF y 250 litros en la Zona Metropolitana. Este nivel de consumo a estándares globales es sumamente alto, considerando el requerimiento de países desarrollados donde la demanda diaria es de 170 litros per cápita. La fuente de abasto principal es el subsuelo que cubre el 71% de la demanda capitalina. El acuífero está sobreexplotado en un 30% por arriba de su capacidad de recuperación. Mientras tanto cubrir la demanda restante tiene un profundo impacto en el consumo energético nacional. El sistema de bombeo que transporta agua del Cutzamala a la Ciudad de México consume una cantidad diaria de electricidad equiparable al que utiliza Monterrey. La mayoría de esta energía proviene de quemar carbón, una de las principales causales para el aumento de las emisiones de efecto invernadero (por unidad el carbón genera más CO2 que el petróleo y el gas). Este desperdicio masivo de energía afecta a la inversión y eleva el costo del metro cúbico de agua a 12 pesos. Sin embrago este alto costo es distorsionado por un sistema de cobranza pública distorsionante cuya demagogia no considera la importancia de este líquido para la sustentabilidad urbana al largo plazo. Una cuarta parte de los consumidores no tienen medidores en sus hogares y establecimientos, lo que nos guía a un estado gravísimo de negación sobre el consumo real de toda la Zona Metropolitana. Recientemente los Asambleistas del Distrito Federal cambiaron las tarifas de agua con base a tres clasificaciones de consumo doméstico: un millón 300 mil usuarios de rango popular o bajo, 220 mil medio y 223 mil de consumo alto. Este sistema, que opta por la colectivización de las tarifas por encima de la cobranza individual, trae consigo enormes problemas. Muchos hogares de consumo bajo se encuentran en zonas de consumo alto y aún así pagan tarifas diametralmente opuestas a su demanda real. Lo mismo ocurre a la inversa, con consumidores altos que terminan pagando tarifas de demanda bajas. Pero las tarifas son sólo un flanco más para atender el problema del abasto de agua en nuestra ciudad. Urge también instalar una infraestructura moderna y operante para capturar agua de lluvia cuya precipitación anual promedio es de entre 600 y 1500 milímetros. Esto puede lograrse con sistemas domésticos y con una red de drenaje pluvial. Además es necesario instalar plantas de tratamiento para posibilitar la reutilización del agua y actualizar el sistema existente para disminuir inundaciones, pérdida por fugas y fallas en el suministro. Se estima que más del 30% del consumo total se desperdicia en fugas. Cuatrocientas mil personas en la Delegación Iztapalapa no tienen acceso a agua por parte del gobierno, lo que los lleva a cubrir la escasez con proveedores privados. Estas medidas deben disminuir la dependencia que tiene nuestra ciudad por agua proveniente de estados vecinos. Las tarifas deben individualizarse con base al consumo para responsabilizar a los usuarios, los slogans y las campañas publicitarias no bastan para disminuir el desmedido consumo. El problema del agua en nuestra sedienta capital debe atenderse. Sino el futuro de esta gran ciudad al mediano y largo plazo se vislumbra muy sombrío.

Una capital desigual y muy distante

Una capital desigual y muy distante

Como observamos en el artículo anterior, la Zona Metropolitana de esta ciudad es extremadamente polarizada, un lugar dónde niveles de desarrollo de Italia cohabitan con los de los Territorios Palestinos. En lo respectivo al ingreso esta ciudad mezcla otra volátil combinación: niveles de ingreso per cápita de España o Singapur con los de Ghana e Indonesia. El impacto de esta disparidad es enorme y sus implicaciones van mucho más allá de las cifras. En lo arquitectónico trae consigo un paisaje urbano cercenado, donde los conjuntos amurallados invaden a los barrios pauperizados y excluidos. La disparidad violenta nuestro entorno, no sólo en la convivencia diaria sino también en la distribución espacial de la ciudad. Pero el DF puede convertirse en una ciudad más habitable y humana. Antes debemos replantear uno de los problemas más grandes de la rutina defeña: la movilidad, que está agotada y quebrantada por privilegiar ilusoria e insosteniblemente el transporte particular como el medio mayoritario de esta capital. Cuatro millones de vehículos asfixian nuestras arterias viales día con día y sus implicaciones son enormes. Según el Anuario 2005 del Transporte y la Vialidad, elaborado por la Secretaría de Transportes y Vialidad de la Ciudad de México, 70.6% de las personas que viajan diariamente dedican más de una hora en llegar a su destino. De esas 40.7% de la población destinan más de dos horas a sus traslados. La congestión vial cuesta horas productivas y desgasta a los ciudadanos. El coche particular se ha propagado como un agresivo cáncer y las cifras lo demuestran. En 1986, 19% de la población se trasladaba en metro; para 2000 se desplomó a 14%. Hace 20 años 42% utilizaba autobús, porcentaje que disminuyó a 9% para ese mismo año. El tráfico dificulta el transporte de insumos, lo que afecta a toda la actividad comercial. Los últimos estudios han demostrado que los vehículos particulares de tránsito lento se encuentran entre las fuentes principales de emisiones contaminantes en los núcleos urbanos. Además absorben una cantidad masiva de espacio, un fin muy escaso y disputado en nuestra enorme metrópoli. Para transportar a 50 mil personas en una hora se requiere de 175 metros de avenidas utilizadas sólo por automóviles, 35 metros por autobuses y 9 por un tren de metro. Los coches contaminan y absorben cantidades masivas de espacio urbano. Por ejemplo un viaje de un punto a otro en auto absorbe 90 veces más espacio que uno hecho en metro y 20 veces más que uno en camión. Este último consume entre 3 y 5 veces menos energía en transportar una persona en coche. El crecimiento de la flota privada de vehículos lleva a que los gobiernos construyan más infraestructura que siempre resulta insuficiente (como el nefasto proyecto de la Supervía), ampliando la mancha urbana y agrandando las distancias. Esto genera un ciclo vicioso de pauperización urbana, en la que los vehículos in crescendo moldean el paisaje a sus necesidades sacrificando parques, zonas ecológicas y barrios históricos. DF es un lugar dispar y excluyente. Y el transporte privado está influyendo profundamente para ampliar esos océanos que nos distancian como chilangos.

Para aunar más:

Una capital infinita y muy desigual
Por un DF más humano
El potencial de la marginalidad urbana en el siglo XXI
Contra la supervía
Contra la Tiranía del Automóvil