La iglesia invasora

El matrimonio gay y su recientemente reconocido derecho a la adopción (ver artículo) ha generado un enfrentamiento sui generis entre el Jefe de Gobierno capitalino Marcelo Ebrard y el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Esta pugna resulta importante fundamentalmente por dos motivos: primero es un duro golpe para la izquierda política defeña que por vez primera debe enfrentar a aquél México dogmático y conservador que desde estas latitudes se ha negado a ver, lo que a su vez le ha dificultado enormemente la posibilidad de presentar un proyecto nacional que la viabilice como una genuina alternativa política en México. Las cifras demuestran lo riesgoso de promover una agenda de corte progresista en este país. De acuerdo a una encuesta nacional realizada BGC-Excélsior 77% de los encuestados desaprueba el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia al derecho a la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales en nuestra capital. Ahora el PRD choca por vez primera con el México mayoritario, aquél que no ha lo grado convencer en las urnas de las elecciones estatales. Las lecciones de este embate serán valiosas para el PRD y su quimérica infinidad de corrientes. Segundo, demuestra el estado crítico en el que se encuentra la Iglesia Católica en la globalización, desubicada y rebasada por la complejidad y pluralidad de las sociedades abiertas gestadas en los diferentes modelos democráticos del planeta. La Iglesia Católica está invadiendo funciones que le competen al Estado mexicano y las decisiones emanadas de sus gobiernos. El problema es que esta institución, que representa la Fe de casi el 88% de los mexicanos según el Censo de Población y Vivienda 2000, se sigue concibiendo bajo la visión medieval de ser un Estado dentro del Estado. Y esto trae consigo enormes contradicciones. La Iglesia Católica Romana demanda ejercer influencia sobre la conformación de la agenda pública nacional y sus leyes, como en el caso del aborto o del matrimonio y la adopción gay. Sin embargo a la hora de encarar los cargos de pederastia por parte de sus cuadros las leyes mexicanas pasan a segundo plano para dar paso al encubrimiento por parte del Estado soberano del Vaticano. Si la Iglesia Católica aspira a tener mayor participación en lo público e incidir en la conformación de leyes y marcos regulatorios nacionales (a lo que tiene derecho si queremos laurearnos de ser auténticos “demócratas”) debe apegarse a nuestra Constitución, ya sea para imponer sus intereses o para encarar sus crímenes. Pero esto no está ocurriendo en ningún lugar donde la Iglesia tenga presencia y el cambio en esta anacrónica percepción se vislumbra muy distante. El Estado mexicano es laico y por ello debe velar por los derechos de todos y no imponer dogmáticamente la visión mayoritaria (que puede estar profundamente equivocada, cuestión de voltear a Irán o Venezuela). Esa es una jurisdicción natural de nuestro Estado, su “campo de acción”. El de la Iglesia Católica se limita al de sus creyentes que en este caso son la mayoría del país. Si ellos como institución no están dispuestos a reconocer el matrimonio y la adopción homosexual no tienen porqué hacerlo. Sin embargo esto no les permite imponerse a minorías que no se adscriben a su religión como los cristianos, judíos y ateos. La sociedad compleja y plural que conformamos cuenta con formas de unión muy diferentes a la familia católica y monolítica. Prueba de ello es que se estima que el 10.3% de los hogares mexicanos son monoparentales (CONAPO, 2007) y el 10.2% son de unión libre (INEGI, 2000) ¿No debería la Iglesia pugnar en contra de los derechos civiles de estos hogares ya que, al igual que los homosexuales, no cumplen con los estándares de moral de la familia católica mexicana? El Gobierno capitalino está velando por los derechos civiles de una de las minorías más castigadas y perseguidas de la historia. Y la Iglesia Católica no tiene derecho a invadir e imponerse en campos de la vida pública que no le corresponden.

Para aunar más:

La Iglesia Católica: Celibato y Crisis
México y el aborto