Por un Ingreso Universal

La pobreza viene acompañada de la vulnerabilidad. Inmoviliza al espíritu más errante, esclaviza al menos libre y, como si esto fuese poco, pone en riesgo la vida misma (fragmento del artículo Pobreza y Cambio Climático).

¿Qué hacer con la pobreza en el amanecer del siglo XXI? ¿Cómo podremos aliviar esta condición que afecta a mil millones cuatrocientas mil personas que viven con menos de un dólar con veinticinco centavos al día? ¿Cómo podemos empoderar a los más excluidos para hacer frente a un futuro de vulnerabilidad marcada por el cambio climático? Una de las ideas más innovadoras e interesantes viene por el flanco de los derechos humanos; la idea sería instaurar un Ingreso Básico Universal (IBU) para todas las personas menores de 60 años. Este costeable ingreso sería una transferencia no condicionada, lo que rompe con los esquemas de apoyo exitosos como Oportunidades en México y Bolsa Familia en Brasil. Con su instauración la condición humana estaría acompañada del derecho a un ingreso, un faltante que se ha mostrado apremiante en estas últimas décadas. Además sería un instrumento de empoderamiento, una herramienta con la que cuenten los más pobres del planeta para escapar al ciclo vicioso que no les permite escapar a las privaciones que los aquejan. Sin embargo los detractores del IBU tienen lúcidos argumentos: un ingreso garantizado y no condicionado podría conllevar a un mal manejo de los recursos (mal invertir en nutrición o gastarlo sin fines productivos) y a incentivar el desempleo entre los más desposeídos. Sin embargo ya existen respuestas a esas críticas provenientes de África, en específico de Namibia. Una coalición a favor del BIG (por las siglas en inglés de Basic Income Grant) integrada por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs), iglesias y sindicatos se dieron a la tarea de sacar esta idea de la izquierda cosmopolita y globalizada para implementarla en una pauperizada comunidad de Otjivero-Omitara. Ahí el IBU sería puesto a prueba en un programa piloto y sus resultados publicados en 2009 fueron sorprendentes. Desde 2008 todos los habitantes por debajo de los sesenta años de edad (930 en total) recibirían el equivalente en moneda local a $13 dólares americanos mensualmente durante dos años. Los beneficiarios menores de 21 recibían la ayuda por medio de un pariente, sobre todo las madres. A cada uno se le abrió una cuenta bancaria para depositarles, lo que representó garantizarles el acceso a los servicios financieros como la obtención de créditos, factores clave para abatir las llamadas trampas de pobreza. Se instaló a su vez un consejo comunitario que regularía los aspectos comunes de la obtención del Ingreso. Este órgano determinó que, ante los altos índices de alcoholismo en la comunidad, sería necesario cerrar locales donde se vendieran bebidas embriagantes el día de la repartición del IBU. Para el sondeo del año pasado el porcentaje de población empleada (por terceros o proyectos productivos propios) aumentó de 44 a 55 por ciento. La tasa de desnutrición infantil cayó de 42 a 10 por ciento, factor que incidió positivamente en la matrícula escolar (las tasas de deserción disminuyeron de entre 30 y 40 a 5%). La delincuencia se desplomó en 42 puntos porcentuales y no se encontraron evidencias de un aumento del alcoholismo en la comunidad. Los crímenes relacionados a la pobreza cayeron un 11%. Para noviembre de 2007 sólo el 50% de los hogares contaban con electricidad, para julio de 2008 habían aumentado a 72%. Los habitantes que no presentaban problemas de pobreza alimentaria aumentaron de 20 a 60% acompañado por una marcada mejora de los hábitos alimenticios. Los rendimientos originales del IBU ($13 USD) aumentaron hasta $19.40 dólares, lo que demuestra la creación de un ciclo económico virtuoso a raíz del programa. Estas cifras demuestran como el ingreso, concebido como un derecho humano, podría cambiar la cara de la pobreza global. Y pronto veremos que su implementación no es sólo conveniente sino que es económicamente muy viable.