La izquierda mexicana y la Habana: la tan necesitada congruencia

Una de las características que más me habían alejado de la izquierda en México era su falta de coherencia. Mis coincidencias son muchas, y lo he manifestado en este espacio: los derechos de los homosexuales, la necesidad de acabar con los monopolios privados (pero también los públicos), la oposición a la errada pena de muerte, su política urbana de recuperación de espacios públicos en el DF etc. Pero mis puntos de discordia chocan con mis coincidencias, y a veces las primeras abruman a las segundas: el apego a las prácticas autoritarias del viejo régimen como el acarreo, la defensa discursiva-ideológica del nacional revolucionario más recalcitrante del obradorismo, su postura dogmática y errada hacia el sector energético, su política urbana choca con proyectos nefastos como la construcción de segundos pisos, su nacionalismo que roza en la xenofobia (y que la derecha comparte, ver artículo). Pero uno de mis puntos de mayor divergencia era el discurso de la izquierda en torno a los derechos humanos: éstos deben defenderse en la guerra contra el narcotráfico en México pero en Cuba eran un tabú intocable (o más bien un tema de segunda categoría ante la “intervención imperialista” entendida bajo la perspectiva de la Guerra Fría). La falta de coherencia en este punto restaba a la izquierda en México de una enorme cantidad de credibilidad. Pero esta postura incoherente y cínica acaba de dar un giro inesperado. El día de ayer (7 de abril) Jesús Ortega declaró que su partido el PRD, defiende los derechos humanos en todo el mundo incluyendo Cuba. Se pronunció en contra del anacrónico bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y dijo que su terminación resultaría vital para impulsar los cambios sociales, políticos y económicos que la nación caribeña tanto necesita. Esto es una afirmación clave. El apoyo más grande a la dictadura es el bloqueo y finalizarlo forzaría a una apertura al diálogo o cuando menos generaría condiciones más propicias. Saúl Escobar, secretario de Relaciones Internacionales del CEN del PRD, desvinculó a la disidencia interna de la intervención extranjera (una de las armas discursivas del régimen de los Castro) y planteó la necesidad de “que el gobierno de Cuba debe responder a algunas de las demandas planteadas por los presos cubanos en el marco de su legalidad, en el marco de su propia soberanía para que se mejoren las relaciones dentro de Cuba entre la sociedad y el gobierno” y remató diciendo que "todo país requiere una evolución democrática y Cuba requiere una evolución democrática". Las declaraciones del líder del Partido de la Revolución Democrática y su secretario de Relaciones Internacionales fueron matizadas argumentando que estos cambios debían hacerse sin intervención extranjera alguna y manifestaron su preocupación por una campaña de la derecha cubana y la norteamericana contra Cuba. Esto resultaría el único punto desafortunado y criticable de lo externado por la dirigencia perredista. La derecha gringa no tiene porque involucrarse en la transición de la isla, sin embargo la situación de la diáspora cubana es otra. De darse una “evolución democrática” es necesario que todos los actores sean considerados a pesar de la pluralidad ideológica, incluyendo a la derecha exiliada principalmente en Miami. Lo que la derecha debe comprender por su parte es que de darse un proceso de transición, aún distante, deberán negociar con los cuadros comunistas de Cuba que aún mantienen el poder. Pero volviendo al PRD, estas declaraciones resultan de enorme importancia ya que distancian a su cúpula dirigente del modelo cubano y del proyecto venezolano vagamente anticapitalista, medianamente xenófobo y a favor de un control estatal fuerte (y por ende a favor del nefasto control monopólico). También marca una brecha, aún no total, de las inclinaciones que presenta la izquierda en nuestro país hacia el autoritarismo. Pero estas implicaciones intangibles también se entrelazan con medidas legislativas. En este momento el PRD está proponiendo legislar para que las recomendaciones pronunciadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tengan carácter obligatorio y no sean solo de carácter enunciativas. Las declaraciones hacia Cuba fortalecen esta postura y dotan a la izquierda de una congruencia que le hacía mucha falta.