Contra la Pena de Muerte

Uno de los temas recurrentes ante la inseguridad es la falsa panacea de la pena de muerte. El Partido Verde Ecologista, que tiene de verde lo que la Exxon Mobil, utilizó la pena de muerte cómo su plataforma de campaña en las pasadas elecciones intermedias. ¿De qué sirve instaurar la pena de muerte en un país en el que, de acuerdo con el CIDAC, la posibilidad de que un presunto autor de un delito llegue ante la autoridad judicial (no que sea condenado) es del 3.3% del total de delitos denunciados (por lo que la impunidad se da en el 96.7% de los casos)? En México sólo se castigan menos del 1% de los delitos cometidos, por lo que delinquir (desde un secuestro con asesinato hasta andar cartereando en el Zócalo) resulta una actividad poco riesgosa y muy redituable. En el Distrito Federal el 93 por ciento de los reclusos fue atrapado en flagrancia, es decir, sin indagación o investigación de por medio. Guillermo Zepeda, analista experto en temas de seguridad en nuestro país, advirtió en 2006 que otorgar a los cuerpos policiacos y al Ministerio Público la atribución para llevar acabo allanamientos era una imprudencia. Me pregunto una vez más ¿sí otorgarle a estas autoridades la atribución para allanar propiedad privada es riesgoso, no lo es más darles la atribución para matar? En vez de perdernos en el morbo deberíamos tomar medidas sensatas, como la creación de una policía investigadora especializada en balística, toxicología, huellas dactilares y ADN forense. La pena de muerte no solucionaría nada. Es una propuesta alarmista que desvía nuestra atención de las medidas que genuinamente impactarían a la delincuencia: la profesionalización de las policías, la instauración de mecanismos de monitoreo anti corrupción, construir mecanismos de inteligencia que permitan prevenir y atestar golpes precisos a las organizaciones delictivas, etcétera. También serviría quitarnos nuestra visión aldeana de la realidad y buscar casos de éxito en el exterior. Y da la casualidad que una nación muy parecida a la nuestra está avanzando: Colombia.

Colombia a diferencia de Venezuela, es un caso a seguir. La nación cafetalera alguna vez asediada por poderosos carteles de traficantes, una narco guerrilla (las FARC) y el secuestro a gran escala es ahora uno de los países más seguros de América Latina. Si buscamos alguna salida del laberinto de la inseguridad, Colombia puede tener muchas repuestas. Entre 1997 y 2002 los secuestros perpetrados por las FARC estaban en aumento (de 440 a 973 respectivamente). Desde 2003 la tendencia cambió y para 2007 aquella cifra había disminuido a 120. Y no sólo cayeron los secuestros de las FARC, también lo hicieron a nivel nacional: para el 2000 raptaron a 3 mil 372 personas en Colombia, para 2007 esa cantidad había disminuido a 521 plagios. Para el año pasado hubo 51 secuestros contra 186 en el 2003. Así Colombia abandonó el primer lugar en secuestros para dejárselo a México y pasar al noveno, Brasil ocupa el quinto y Venezuela el séptimo. Estas mejoras no fueron fortuitas y no se originaron a raíz de instaurar la pena de muerte. Se hizo con cuerpos policíacos eficientes, honestos y operantes. Y se logró con uno de los aciertos más grandes en política criminal reciente: los Grupos de Acción Unificada por la Libertad (GAULA). Creados en 1996 los GAULA son una serie de grupos de elite especializados en secuestro y extorsión. Son expertos en el manejo de armas de fuego, son francotiradores, llevan entrenamientos para redadas tanto en zonas rurales como urbanas, asaltan vehículos en movimiento y pueden realizar operaciones de rescate en cualquier momento del día. Estos escuadrones de élite tienen analistas de inteligencia, técnicos de comunicaciones, y detectives. Es el primer país de América Latina que tiene una escuela especializada en tácticas antisecuestro. Éstas son las medidas que realmente pueden crear una policía preventiva eficaz e investigadora. Tratar de instaurar la pena de muerte en México también nos hace ignorar problemas que tenemos como sociedad y en nuestro sistema político. Nuestras cárceles están sobre pobladas, décadas de un sistema penal burocrático e ineficiente (que además aún es plagado por mucha corrupción) han dejado en la cárcel a personas que han cometido delitos menores y nunca han sido juzgados. La pena de muerte sería una reacción basada en el miedo que no nos permitiría ver el problema completo. Un país injusto con aún mucha disparidad económica, con muchos pendientes de reformas institucionales que llevar a cabo y con un aparato de justicia autoritario e ineficiente (los ministerios públicos, las policías) requiere de un proyecto de reforma completo y visionario. Colombia ha también coordinado su lucha contra la inseguridad con diversos programas sociales, tema que desarrollaré más adelante. Ahora que volteamos al sur volteemos al norte. En 2007 Estados Unidos ejecutó a 42 personas. Estudiosos como John J. Donohue III, un profesor de derecho de Yale, y Justin Wolfers, de la Universidad de Pensilvania, afirman que no existe una correlación directa entre la pena de muerte y la disminución de los homicidios. Además es un tema que no puede planteare a la ligera sin ningún debate profundo de por medio.